A través de un mensaje del jefe del Ejército, Claudio Ernesto Pasqualini, el gobierno reivindicó el jueves pasado en un acto en Tucumán a los militares que actuaron en el Operativo Independencia, dispuesto por el gobierno de Isabel Martínez de Perón en 1975 para avanzar a sangre y fuego contra el creciente activismo popular en la provincia.

El Operativo Independencia puede considerarse el prolegómeno del genocidio de la dictadura de Videla y Massera. Con la excusa de reprimir el foco guerrillero instalado por el ERP en el monte tucumano, los militares ocuparon la ciudad y durante meses torturaron y masacraron al activismo obrero y estudiantil. Dirigido por el general Acdel Vilas, los militares inauguraron el centro de torturas La Escuelita, en la localidad de Famaillá. Pocos meses antes del golpe, Vilas fue relevado por Antonio Bussi, el genocida que gobernaría la provincia durante la dictadura y más tarde también, durante el menemato.

La reivindicación del Operativo Independencia es el último episodio de una seguidilla de acciones gubernamentales tendientes a reivindicar la represión militar. Semanas atrás fue el acto de las FFAA reivindicando la brutal represión de La Tablada de 1989 –cuyo carácter criminal se ha confirmado largamente en el juicio actualmente en curso–, con la participación del ministro de Defensa Oscar Aguad, de Pasqualini y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Estos dos últimos estuvieron también en octubre en Formosa, saludando la acción militar en el Regimiento de Infantería de Monte 29 en 1975, en ocasión de un ataque de Montoneros. Los “caídos” en la represión contra la toma de la guarnición militar de Azul, en 1974, fueron homenajeados por funcionarios de Cambiemos en un acto a fines de enero.

El diario La Nación resume el asunto como un “contrarrevisionismo” llevado adelante por el gobierno en relación con las Fuerzas Armadas. El gobierno apuesta a resucitar la imagen de los militares, demolida por la movilización popular tras la dictadura. En este “contrarrevisionismo” se enmarca la reintroducción por decreto de las fuerzas armadas en tareas de represión interna, así como las declaraciones de funcionarios de primera línea negando el genocidio de la dictadura, las reuniones de Avruj con familiares de represores muertos y el fallo del 2×1, entre otros. El gobierno busca apuntalar a los represores, con la mira puesta en enfrentar con ellos una rebelión popular contra las políticas de ajuste y respaldar con los militares la eventual declaración de estado de sitio. La militarización de la Patagonia con fuerzas federales – que ya costó las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel – y el aval al ´gatillo fácil´ a través de la ´doctrina Chocobar´ y el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego forman parte de esta política represiva.

La pretensión de “hacer jugar” a los militares en provecho propio contra las luchas populares y otros adversarios políticos ha sido la pretensión de todos los gobiernos desde el retorno de la democracia – se trate de Alfonsín y sus leyes de Obediencia Debida y Punto Final o de Cristina y el nombramiento del genocida César Milani al frente del Ejército.

Pasqualini afirma que la imagen del Ejército “se encuentra actualmente en muy buen nivel”, mientras que Aguad sostiene que “voy a ser más enfático que Pasqualini, hay un reconocimiento y una adhesión de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas" (ídem). Pero la movilización contra los genocidas, que impuso la reapertura de los juicios contra ellos tras décadas de impunidad, sigue dando vigorosas muestras de vitalidad, como la marcha de más de un millón de personas que demolió el fallo del 2×1 y en las vigorosas movilizaciones de cada 24 de marzo.

La derrota de la avanzada represiva en curso está a la orden del día.