El crimen de Ezequiel desnuda al Estado policial

Como ningún otro asesinato policial, el de Ezequiel Demonty ha puesto de relieve la existencia de un plan criminal del Estado contra los explotados y la juventud. En la muerte de Ezequiel participaron más de una decena de policías, cuatro patrulleros y una seccional entera. El crimen revela, por ello, un «modus operandi» de razzias y secuestros que tiene como víctimas principales a los jóvenes de las barriadas más oprimidas. Esto hay que recordarle a quienes imputaron la responsabilidad de los crímenes de Kosteki y Santillán a los piqueteros por haber insistido en marchar al puente.


 


El golpe policial de Giacomino


La irrupción en la Capital del verdugueo y los vejámenes a los jóvenes a manos de la Policía Federal, fue anunciada por su titular, Giacomino, cuando reclamó semanas atrás la reimplantación de los edictos policiales. Exigió la restitución de las figuras del «merodeo y acecho» y, más aún, el retorno del «libro memorando 40», un procedimiento que le permitía a la policía detener a menores sin avisar a la Justicia. «Cuando yo era oficial – señaló Giacomino una semana antes de la muerte de Ezequiel – veíamos a un chico tomando cerveza en la calle o robando una manzana y lo llevábamos a la comisaría. Se llamaba a los padres y si veíamos que eran normales (sic), se lo entregábamos. Asentábamos todo en el libro memorando 40» (Noticias Urbanas, 13/9). Walter Bulacio no fue considerado «normal», porque fue apaleado en la comisaría hasta la muerte y esto condujo a que se derogara este sistema de detenciones. El ministro de Seguridad, Alvarez, salió en defensa de Giacomino al decir que «la opinión de la policía debe ser tenida en cuenta porque… son ellos los que ejecutan y hacen cumplir la legislación» (ídem).


 


La Ciudad


El crimen de Ezequiel tampoco deja afuera al gobierno de Ibarra. Ibarra le ha transferido a la Federal partidas presupuestarias de las arcas porteñas para «reforzar la vigilancia en las calles». El Gobierno de la Ciudad toleró, sin decir una palabra, el encubrimiento de la cúpula de la comisaría de Floresta, que fue transferida a otra dependencia policial de la ciudad luego del repudio popular por la muerte de los tres pibes. El diputado Jorge Mercado está fogoneando en la Legislatura la reforma contravencional que reclama Giacomino. Ibarra ha hecho de la Federal «su» propia policía. La Federal está presente en los desalojos de casas, asentamientos o plazas; en las corridas a los cartoneros, en la «protección» a una Jefatura de Gobierno asolada por las manifestaciones populares.


 


Por otro Argentinazo


Como ocurrió con los crímenes del Puente Pueyrredón, el caso de Ezequiel muestra la pretensión de instaurar un Estado policial. En junio pasado, el plan criminal contra los piqueteros fue desbaratado por una acción multitudinaria. El miércoles pasado, una marcha masiva amenazó con llevarse puesta a la Comisaría 34ª de Pompeya. Dos días después, ochocientos jóvenes y vecinos del Bajo Flores marcharon reclamando por Ezequiel. Este cuadro permitió que los dos amigos de éste denunciaran los vejámenes policiales ante la fiscalía, y finalmente, la quiebra y confesión de uno de los policías.


El «Argentinazo» de diciembre pasado expulsó a la patota criminal de De la Rúa-Mathov y Santos. Pero el golpe de Duhalde colocó en el poder a los Ruckauf y Giacomino, es decir, a los partidarios de enfrentar a tiros la rebelión popular. La necesidad de liquidar definitivamente al Estado policial es una de las tareas que hacen imperioso un nuevo Argentinazo: fuera Giacomino, fuera Duhalde, fuera Ibarra. Por una Asamblea Constituyente que disuelva al Estado policial y termine con los crímenes contra la juventud.

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