En un editorial (29/6), Clarín plantea que la decisión de constituir una comisión investigadora independiente de los crímenes en Puente Pueyrredón, propuesta por el presidente Kirchner en su reunión con el Movimiento de Trabajadores Aníbal Verón, abrió una crisis con el gobernador Solá.

El hombre que accedió al poder en la provincia luego de la huida de Carlos Ruckauf, tiene razones poderosas para desalentar cualquier investigación independiente sobre el complot que llevó al asesinato de Santillán y Kosteki.

Felipe Solá debería ser citado a declarar por el papel protagónico que tuvo en la conspiración de Estado del 26 de junio contra las organizaciones en lucha. Fue él quien salió a respaldar esa misma tarde la versión oficial según la cual la responsabilidad de las muertos correspondía a los “piqueteros violentos”, planteando, luego de una conversación con el comisario Fanchiotti, que la Bonaerense tenía su “total respaldo” (El Día, 27 y 28 de junio). Sólo cuando se cayó la “historia oficial” con las revelaciones de los reportajes gráficos y los testimonios, Solá ordenó la prisión preventiva del jefe del operativo en el Puente y de los policías que estuvieron en la estación de Avellaneda. La organización del despliegue represivo para el 26 de junio fue resuelta en una reunión “cumbre” realizada el 18, en la que estuvieron presentes todas las cabezas de las fuerzas de seguridad menos la Bonaerense, aunque ese mismo día “la preocupación por la seguridad no estuvo ajena en el almuerzo que compartieron en la Rosada el presidente Duhalde y el gobernador bonaerense” (Clarín, 19/6) Las víctimas fatales cayeron por balas de la Bonaerense, es decir, bajo la responsabilidad política de Felipe Solá y del entonces ministro de Seguridad, Luis Genoud, el mismo que planteó la necesidad junto a Vanossi, ministro de seguridad de Duhalde y hoy candidato de Macri, de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos.

Una investigación debería analizar los lazos entre la gobernación y la cúpula mafiosa de la Bonaerense, si se considera que Solá compartió la designación de Amadeo D’Angelo como jefe de la Bonaerense, un hombre sindicado públicamente como apadrinado por la “maldita policía”, que tuvo que renunciar en abril del 2002 acusado de cohecho junto a otros once oficiales y ocho funcionarios municipales, por aceptar dinero para permitir el funcionamiento de una red de prostitución en la zona norte del Gran Buenos Aires. Felipe Solá nombró en su reemplazo a Ricardo Degastaldi, un jefe de la policía acusado a su vez de “cajonear” la investigación por la “muerte de ocho menores de edad presuntamente a mano de policías integrantes de los denominados escuadrones de la muerte y el caso del presunto loco de la ruta, asesino de prostitutas en Mar del Plata” (Crónica, 20/4), (en este último caso luego se revelaría la reponsabilidad de personal policial en los crímenes).

Una investigación rigurosa podría desentrañar otros aspectos de la operación criminal de la que hasta el propio Duhalde, otro que no fue citado siquiera a declarar, quiso despegarse: “no quiero que me tiren otro caso Cabezas” (La Nación,29/6)

En la provincia de Buenos Aires la Bonaerense tiene 42.000 efectivos y la seguridad privada, 70 mil. Esta última es una virtual reserva de la “mano de obra” desplazada o en retiro de las filas policiales. Felipe Solá es el autor del proyecto que proponía “sumar a más de la mitad del personal de seguridad privada a tareas de vigilancia pública conjunta” (Clarín, 16/6), lo que habría convertido a la provincia en ciudadela de la “mano dura” y el “gatillo fácil”.

La policía bonaerense y el aparato estatal son la principal fuente de la inseguridad ciudadana, y Solá es un defensor probado de este régimen trucho antes de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una investigación genuina de lo ocurrido el 26 en el Puente Pueyrredón podría arrojar mucha luz sobre la conspiración de Estado que se llevó la vida de los dos piqueteros y la participación en ella del “progresista” Solá.

Juicio y Castigo