El ex-capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo, denunció penalmente por “coacción” a diversos medios de comunicación y periodistas que vienen informando sobre su imputación en la causa por delitos de abusos sexuales agravados y corrupción de menores.

Si bien se tuvo conocimiento hace pocos días a través de un familiar de una de las víctimas, esta denuncia data de hace más de cinco meses, tramita en la Unidad Fiscal 6 de La Plata a cargo de Marcelo Romero, el mismo funcionario judicial que a pedido de Lorenzo ordenó en 2010 el allanamiento y secuestro de la PC de Roxana Vega y Alejandro Di Salvo, padres de alumnos del colegio Concilio Vaticano II de Gonnet, quienes consultaron a través de un mail enviado a la institución sobre la denuncia de abuso sexual del cura Lorenzo, lo cual tuvo como consecuencia una causa penal en su contra por “extorsión y amenazas”.

Lorenzo presenta en su denuncia una lista de links de diversos medios digitales y arma un relato propio según el cual habría una campaña de difamación de su “honor y honorabilidad”, orquestada por los denunciantes y de la que forma parte un grupo de periodistas y editores, para los cuales solicita sean procesados por “coacción” y reprimidos con prisión de seis meses a dos años por “hacer uso de amenazas para alarmar o amedrentar”. Asimismo, solicita que se “decrete el procesamiento de los responsables” de las notas y que el juez de Garantías Federico Atencio ordene la “orden de prohibición de realizar o dar a conocer cualquier información” en la que figuren su nombre y su apellido sin su “expresa autorización”.

Además de ser una forma más de amedrentamiento contra las víctimas, sus familiares, y las organizaciones sociales y políticas que exigimos justicia por estos casos, esta denuncia también es un ataque a la libertad de expresión. Cabe destacar que los abogados de Lorenzo que también lo representan en la esta denuncia son abogados del clero.

El abogado de las víctimas de Lorenzo, Juan Pablo Gallego, expresó al respecto: “Este es el armado de una causa ‘comodín’, que se mantiene abierta para acusar a quien convenga por parte del cura Lorenzo”. Para él, ese expediente “muestra hasta qué punto puede llegar la impunidad de un sujeto que ha destrozado la vida de niños y jóvenes que se hallaban a su cargo”.

El letrado afirmó que el ex-capellán del SPB “continúa teniendo el cobijo cómplice de su obispo y de múltiples operadores judiciales que apuestan al desgaste de las víctimas y las desprotegen a niveles inéditos. Así permiten el acoso, el hostigamiento y la intimidación de Lorenzo para torcer mañosamente las acusaciones en su contra”.

Se trata de un nuevo amedrentamiento de Lorenzo, quien fue asimismo denunciado por amenazas en una causa que abre de oficio la fiscal Ana Medina, ante las evidencias aportadas por los denunciantes respecto a las amenazas a todas luces evidentes vertidas por Lorenzo y su abogado Alfredo Gascón desde los medios de prensa y a través de llamados intimidatorios para condicionar a víctimas y testigos

Esta denuncia hacia los periodistas no ha avanzado porque Lorenzo tiene pendiente el pedido de procesamiento y detención por parte de las víctimas, luego de las contundentes denuncias de dos víctimas más, luego de la primera denuncia realizada en el 2008. Los tres casos fueron en tres situaciones distintas:

Roberto denuncia que en 1993, en Olmos, vio a Lorenzo abusar de menores en campamentos. Julián Bartoli agrega que en entre 1999 y 2000 el cura abusó de él en un departamento privado a la vuelta de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Diego Pérez (quien dio inicio a la causa) asegura que entre 2007 y 2008 Lorenzo abusó reiteradamente de él en Gonnet.

Pese a que la gran mayoría de los curas abusadores todavía no fueron denunciados, en Argentina la lista de curas comprobadamente pedófilos y corruptores de menores es extensa. Desde Julio César Grassi (condenado a 15 años de prisión) hasta quienes regenteaban el instituto para niños sordos Antonio Provolo (actualmente juzgados).

Seguiremos en la lucha contra la impunidad de todos los crímenes eclesiásticos. Separación de la iglesia del estado.