Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) se preparan para una gran movilización el jueves 11, que colocará en las calles los reclamos de cárcel común al genocida Miguel Etchecolatz y de libertad inmediata y cierre de las causas para César Arakaki (apresado en el penal de Marcos Paz por manifestarse contra la reforma previsional) y el conjunto de los luchadores sociales presos y perseguidos.

Con ese objetivo se realizó hoy una conferencia de prensa, que contó con la presencia de numerosos referentes de organizaciones políticas y de Derechos Humanos.

 

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El documento central destacó un salto en la escalada represiva del gobierno “a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato de Rafael Nahuel, ambos a manos de fuerzas de seguridad del Estado que comanda la ministra Patricia Bullrich”. En el derrotero colocó la persecución de quienes participaron de las marchas por Santiago; la represión el 12 de diciembre a la marcha contra la Organización Mundial de Comercio; la del 13 contra la manifestación de movimientos sociales; y “la represión contra cientos de miles de manifestantes (…) y feroz persecución y cacería durante la retirada de las columnas” en las jornadas del 14 y el 18 contra la reforma previsional, lo que “dejó gran cantidad de heridos, algunos de ellos graves, y tres manifestantes perdieron un ojo”. Se inscribieron también las represiones de Gildo Insfrán a la comunidad Wichi de Formosa, las de Alicia Kirchner contra los estatales santacruceños y las de Gerardo Morales contra los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy.

El texto destacó que “la prisión dictada contra César Arakaki, la persecución y órdenes de detención contra Dimas Ponce y Sebastián Romero por haber participado de la enorme protesta popular del 18/12 contra la reforma previsional; la arbitraria detención de Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta por haber participado en la jornada del 14/12, los convierte en nuevos presos políticos de Macri y de su justicia cómplice, que violan el derecho a manifestar y reclamar a fin de imponer brutales medidas de ajuste”. Y denunció “un avance contra la libertad de expresión, dada la inédita uniformidad y concentración de medios de comunicación que actúan como voceros de las políticas oficiales”.

 

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Luego de su lectura hicieron uso de la palabra los abogados del EMVyJ. Comenzó Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) – Partido Obrero, quien lleva la causa de Arakaki y Ponce. Señaló que el curso de la misma viola la presunción de inocencia, deteniendo a los compañeros y negándoles la eximición de prisión, acusándolos de un delito que –de forma probada- no podrían haber cometido (lesiones graves a un policía). Ilustró el prejuzgamiento con una anécdota de horas antes: al presentarse Dimas Ponce en los Tribunales luego de la negativa del juez Torres al recurso de exención de prisión, “mientras presentaba un descargo de 6 páginas, un empleado le vino a preguntar a qué pabellón quería ir”. Ferrero señaló el tratamiento opuesto dado al policía detenidos por atropellos durante la jornada del 18, a quien Torres le dictó la falta de mérito luego de que sus superiores se manifestasen ‘incapaces de identificarlo’. “Quieren aleccionar a un pueblo que tiene una larga tradición de tomar las calles contra quienes lo atacan”, concluyó Ferrero.

La abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, que lleva la defensa de algunos de los detenidos durante la movilización del 14 (son cinco en total: Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta), denunció en primer lugar el uso de cargos penales elevados contra ellos “para que intervengan los jueces más amigos del poder, que son los del Fuero Federal”; marcó que dos de los cautivos, Giancarelli y Valotta, eran dos jóvenes que trabajaban en la calle y estaban esperando que termine la movilización para proseguir con sus labores; y señaló que la continuidad de las detenciones solo tiene un fundamento persecutorio, puesto que no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Verdú hizo referencia a la causa por los heridos por los ataques policiales del 18 –entre los que se incluyen manifestantes que perdieron la visión y un ojo–, señalando que presentarán las pruebas al juez Torres, denunciando que este ha dividido adrede los procesos judiciales para desconocer el operativo represivo integral en el que se enmarcan tales ataques policiales.

Finalmente habló Martin Alderete, de la Cadep, quien lleva la defensa del referente del PSTU Sebastián Romero. Alderete señaló que “a Romero lo acusan de disparar con un ‘arma tumbera’. Cuando fuimos a declarar llevamos un mortero de los que habría utilizado, que es un elemento pirotécnico de venta libre, sin que haya prueba de que haya causado daño alguno. Pese a todo eso, se ordena su detención”. A su turno, el abogado condenó una “dinámica de judicializar la protesta” por parte de este gobierno y sus antecesores, que tiene en el caso de Romero una expresión límite: “a Romero se lo acusa como pieza clave de un delito de ‘rebelión’, uno de los más graves en el Código Penal” que supondría el intento de poner en jaque al orden democrático. “Buscan infundir miedo, evitar que la gente salga a la calle para repudiar las políticas impopulares del gobierno. No van a lograrlo”

Durante la ronda de preguntas, los oradores denunciaron también la repetida maniobra policial de colocar entre los efectos personales de los detenidos elementos que no les pertenecen. También la obstaculización inédita puesta a organizaciones y familiares de los presos para poder visitarlos en sus lugares de detención.

En el cierre se convocó a la más amplia difusión de la marcha del jueves, que irá de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 17hs.

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