La orden verbal secreta del gobierno a las Fuerzas Armadas para que realicen actividades de “inteligen­cia interna” dirigidas a detectar posibles “estallidos sociales” no debe sorprender a nadie. El espionaje político policial tiene en Argentina un carácter general, nacional, planificado, sistemático y secreto, ordenado por el Poder Ejecutivo y “ejecutado “por los servicios de segundad que dependen, directa o indirectamente, de la Casa Rosada.

En noviembre del ’92, alertado por la movilización educativa, Manzano dio la orden de espiar a los estu­diantes, lo que fue confirmado por Béliz y los goberna­dores provinciales y continuado luego con las “circula­res de fichaje” en los colegios secundarios de las provincias. En la misma época, el entonces ministro de Defensa, Erman González, dio “instrucciones” para “prevenir” una posible “intervención subversiva” en “círculos intelectuales”.

El “ideólogo” del espionaje es el propio Menem, que en medio de la movilización educativa planteó sin equívocos que “no vaya a ser cosa que volvamos a tener otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos”.

La renuncia de algún funcionario policial (como el jefe de la Unidad Quilmes, al deschavarse las “circula­r eso el reconocimiento de Ruckauf de los “excesos” de algunos jefes policiales, son sólo una operación de encubrimiento, pues ocultan el reforzamiento del apara­to estatal volcado a la provocación política y de las partidas presupuestarias destinadas al espionaje.

Ninguno de los ataques a los periodistas, que requi­rieron una infraestructura propia de los servicios de seguridad, fue esclarecido (y el “investigador” puesto por el gobierno acaba de “cerrar el caso” sin hallar culpables). El asesinato del periodista Mario Bonino sigue impune. Los asesinatos de jóvenes y trabajadores en la provincia de Buenos Aires han puesto al desnudo una verdadera mafia de jueces y jefes policiales que destruye las pruebas, cierra apresuradamente las cau­sas, y deja en libertad a policías con órdenes de captura por su responsabilidad en los crímenes. La detención a militantes del PO y de otras organizaciones de izquierda en las marchas de jubilados revela una tarea sistemática de seguimiento y “fichaje” que va mucho más allá de la persecución por las ideas y que tiene su centro en la Casa Rosada.

La “orden secreta” a los militares para sumarse al espionaje político y policial no es por lo tanto un hecho aislado, forma parte de una política de conjun­to dirigida a reforzar las características represivas y totalitarias del régimen.

El Estado capitalista es una gigantesca organiza­ción conspirativa contra las masas y contra las liber­tades públicas que la “democracia” no ha hecho más que “perfeccionar”. El “organismo secreto” que hoy integran los ministros de Interior y Defensa, los jefes de las fuerzas de seguridad y del SIDE junto a los jefes militares, es un “ampliado” del Consejo de Seguridad Interior, creado por Alfonsín después de La Tablada, bajo la presión de las Fuerzas Arma­das y los cuerpos de inteligencia, y convertido en “organismo de la democracia” por el Parlamento a principios de 1992. Los militares no podrían hacer tareas de “inteligencia Interior” según la ley, pero “la orden verbal”, pero “inequívoca” de volcar a las Fuerzas Armadas al espionaje interno “fue confirmada a Clarín por fuentes del Ministerio de Defensa y de dos de las tres Fuerzas Armadas. La confirmación tenía una aclaración: ‘todos, in­clusive yo, vamos a negar que esto existe” (Clarín, 20/3/94).