Los casos de gatillo fácil en nuestro país se multiplican. Durante 2020 y 2021 se computó una muerte cada 20 horas en manos de las fuerzas represivas bajo distintas modalidades: desapariciones seguidas de muerte, gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías o bajo custodia. Más de 100 muertes en manos de las fuerzas represivas fueron efectuadas por la Bonaerense comandada por Sergio Berni.

En el último mes, dos casos tomaron relevancia, el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años baleado por efectivos de la policía de la Ciudad en Barracas y el caso de gatillo fácil en Miramar contra Luciano Olivera, de 16 años, víctima de la Bonaerense.

Los policías que asesinaron a Lucas y amedrentaron a sus compañeros estaban de civil y en un auto sin identificar, cumpliendo, dicen, “tareas de investigación”, pero los vecinos de la zona denunciaron que eran comunes esos operativos para recaudar fondos buscando o creando violaciones a las leyes de las víctimas del control.

En Miramar, la tía de Luciano, ella misma miembro de la Bonaerense hasta estos días, comentó a los medios que “la policía siempre está redrogada persiguiendo a los pibes, están patrullando drogados. El policía (González) lo conocía porque vivían en el mismo barrio, a menos de cinco cuadras. Acá la gente le tiene miedo a la policía, por eso no quiero hablar más”.

El accionar de las fuerzas represivas tiene un factor común en todo el país. Las brigadas clandestinas son moneda corriente, dedicadas a coparticipar con el narcotráfico, el delito organizado, las coimas, la trata de personas. ¿Acaso alguien podría pensar que la policía no conoce dónde se vende droga o se encuentran los prostíbulos clandestinos?

En la ciudad de Miramar no hay semáforos ni transporte público. Según un vecino del lugar que declaró a Clarín: “Acá no tenés cabarets ni levantadores de quiniela clandestina. La manera más simple de recaudar para una caja negra es frenar a las motos… no importa que no se paguen los impuestos, mientras haya motociclistas para extorsionar”. “Luciano, tené cuidado que andan buscando motos”, le advirtieron sus amigos. “Muchas veces esperamos que se vayan para podernos ir a casa”, le cuenta otro amigo de Luciano al diario. “No creo que me agarren. Aparte, mirá si me van a matar por una moto…”, dicen que alcanzó a responder. Y así fue: todos estos negociados negros de recaudación de la Bonaerense cuentan con el amparo del Estado, sectores del Poder Judicial y el poder político, y se llevan la vida de los pibes en los barrios.

El Estado es responsable

“El caso en Miramar fue un caso de negligencia, impericia. Cuando hablamos de gatillo fácil no hay una tipificación en el Código Penal, pero uno lo interpreta cuando hay una animosidad y una situación premeditada de generar ese daño a través del monopolio de la fuerza pública”, dijo Sergio Berni en los medios, luego de reemplazar al comisario Edgardo Vulcano, implicado directamente en el crimen. En este sentido, busca absolver al Estado en su responsabilidad de asesinar pibes, y a los gobiernos de Larreta y Fernández, y su propia responsabilidad en el encubrimiento de los responsables, defendiendo la teoría de que estos policías “son manzanas podridas, no es toda la institución”.

“No vamos a soportar y vamos a ser implacables con todo hecho de corrupción y con todo incumplimiento de la normativa y de los derechos humanos”, dijo Kicillof en el acto de 200 años de la creación de la Bonaerense, montando una impostura total. Pero la realidad demuestra todo lo contrario. La institución de la “maldita policía” aparece como una amenaza para los jóvenes en los barrios, los trabajadores y los luchadores, y cuenta con la protección política del gobierno de turno, que ha dejado intacto este aparato corrupto, encubriendo su accionar criminal. El gobernador bonaerense, en la discusión del Presupuesto provincial 2022, ratificó nuevamente su apoyo a la figura de Sergio Berni, asignándole en el proyecto la suma de 216.816.673.000 pesos a la cartera de Seguridad, con lo que se prevé incorporar 10 mil nuevos efectivos el año que viene. Un empoderamiento en regla de la Policía Bonaerense, cuyo accionar criminal se despliega por toda la provincia. Una cifra presupuestaria 62% veces mayor al área de Salud, lo que demuestra el norte del oficialismo.

En este sentido, desde la bancada de Guillermo Kane, diputado bonaerense en el Frente de Izquierda-Unidad, exigimos la interpelación del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Kicillof tiene que responder y rendir cuentas por la política de fusilamiento de jóvenes de la Bonaerense a cargo de Berni, que se tiene que ir ya mismo”, expresó Kane.

Al fin y al cabo los gobiernos se sirven sistemáticamente de una fuerza íntimamente entrelazada con el narcotráfico, la trata de personas y promotora de todo tipo de actividades delictivas de recaudación, recibiendo los funcionarios una tajada de los negociados regenteados por la policía. El problema sí es toda la institución. Los casos de gatillo fácil, como el de Luciano, Lucas y tantos otros demuestran que reforzando a la policía no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana, sino que se agrava. Para terminar con esta situación, planteamos el desmantelamiento de la Bonaerense, que es una institución represiva y mafiosa. ¡Fuera Berni!

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