El gobierno nacional eliminó el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial y realizar los exámenes que permiten la identificación de nietos y nietas apropiados por los genocidas.

 

El GEAJ dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich, quién modificó la estructura orgánica de la cartera y desintegró la Dirección de Derechos Humanos, la cual ocupaba un rol importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad.

 

En el 2009, a raíz de una denuncia de Abuelas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado Argentino tomar medidas especiales para evitar la manipulación de las fuerzas de seguridad a la hora de recoger muestras de ADN, ya que en muchos casos seguían actuando con complicidad con los apropiadores.

 

La denuncia de esa manipulación estalló en 2005, cuando trascendió que el policía Adolfo Porcel, en complicidad con el ex gendarme y apropiador Víctor Enrique Rei, habían fraguado las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana.

 

Estas medidas se dan en el marco del objetivo estratégico del gobierno macrista de dictar un nuevo punto final, del aberrante fallo del 2×1 a los represores y de la reconciliación impulsada por la Iglesia. La amnistía a los condenados por crímenes de lesa humanidad es un requisito para rehabilitar políticamente a las fuerzas armadas y hacerlas intervenir en la represión interna

 

Esta política ha tenido una contundente derrota en la movilización popular del 10 de mayo, pero es evidente que estos objetivos no han sido eliminados de la agenda del gobierno.