El gobierno nacional, por medio del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, notificó por Carta Documento a decenas de organizaciones sindicales, sociales, piqueteras, políticas y de derechos humano la intención de cobrarles los “gastos” de los procedimientos represivos y el despliegue policial de las fuerzas de seguridad convocadas por la ministra para amedrentar a los trabajadores y manifestantes. Una medida ilegal que ya suma rechazos en muchos sectores y que busca censurar las voces disidentes y el derecho a expresarse y manifestarse.

En un comunicado donde difundió la recepción del Polo Obrero de la misiva oficial, Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero) señaló que “el gobierno nacional nos pretende cobrar por un servicio público que es de total responsabilidad de la ministra Bullrich. Ya que utilizó una fuerza totalmente desmedida, ocasionado un gasto enorme, absolutamente innecesario ya que las movilizaciones del 20 y del 27 fueron absolutamente pacíficas y sin ningún incidente”.

@PatoBullrich lleva adelante un ataque a la libertad de expresión.
Lo vamos a rechazar en todos los terrenos.
Es un intento de amordazar la protesta popular ante un ajuste sin precedentes que llega hasta eliminar la comida de los comedores populares pic.twitter.com/XuLOgYi2ak

— eduardo belliboni (@EBelliboni) January 11, 2024

En el texto de la CD puede apreciarse la mención a otras organizaciones como el Sutna, Partido Obrero y el MST. Algo similar a lo que ocurre con la CD recibida por el Sipreba (prensa) donde además del Polo Obrero y el Partido Obrero se mencionan sindicatos como la Fempinra (portuarios), Apops (Anses), Uejen (judiciales), la Utep (organizaciones sociales) y la UOM (metalúrgicos), entre otros.

El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a @sipreba como a otras organizaciones.

La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión pic.twitter.com/38C01JryBB

— Agu Lecchi (@AguLecchi) January 11, 2024

Belliboni denunció que el operativo represivo de Bullrich “fue concebido con el sólo y exclusivo motivo de amedrentarnos, cosa que no consiguieron ni conseguirán”, agregando que “las fuerzas de seguridad deben garantizar la seguridad de todos los habitantes del país como lo indica la legislación vigente”.

El gobierno había dado la noticia de que trasladarían el gasto de los operativos policiales a los manifestantes, como parte del protocolo ilegal de la ministra Bullrich, cuyo propósito es suprimir el derecho a manifestarse.

La versión de que el protocolo es un instrumento para “regular” las manifestaciones “violentas” se desmoronan por completo. En ambas oportunidades (20 y 27 de diciembre) fueron las fuerzas de seguridad (federales y de CABA) las que protagonizaron los incidentes y provocaciones, y no los manifestantes.

Para concluir, Belliboni manifestó que “no vamos a pagar lo que es absurdo y un ataque a la libertad de expresión. Estamos preparándonos, con otras organizaciones de abogados y organismos de DD.HH., para rechazar este ataque en todos los terrenos. Es un intento de amordazar la protesta popular ante un ajuste sin precedentes que llega hasta eliminar la comida de los comedores populares”.

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