El gobierno prohíbe el ingreso de asesor de tercerizados

Es abogado del Partido Obrero

El 29 de junio, al abogado Gustavo Mendieta le impidieron el ingreso en una reunión en el Ministerio de Planificación, a la que había asistido acompañando a los trabajadores de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo despedidos tras el escándalo Shocklender. En mesa de entrada adujeron la existencia de una resolución del gobierno nacional donde se prohíbe el ingreso del profesional a los edificios públicos a solicitud del ex ministro de Transporte, Schiavi, en 2011.


Gustavo Mendieta -abogado laboralista que acompañó en toda las tratativas de los tercerizados del Roca, antes y después del asesinato de Mariano Ferreyra- estuvo presente en la fatídica tarde del 20 de octubre siendo víctima también de la agresión de la patota de la Unión Ferroviaria, y testigo presencial del juicio que se iniciará el 6 de agosto.


Su participación como abogado de los tercerizados le ganó el odio personal de Schiavi, que el 23 diciembre de 2010, al realizar la denuncia ante el juez federal de Quilmes sobre el corte de vías del Roca, apuntó en su acusación no sólo a los compañeros de Causa Ferroviaria, Hospital y Merino, al compañero tercerizado de Ugofe Morales, y al compañero Belliboni, sino que presentaba en su denuncia a Mendieta como organizador de la "extorsión" por la que se les inició la causa.


Ya en 2011, en una audiencia en la que el abogado Mendieta asistió a los socorristas del Ferrocarril Roca en su reclamo de pase a planta permanente, en la Secretaría de Transporte, el entonces ministro Schiavi ordenó su expulsión del edificio.


La prohibición tiene como único objetivo evitar que trabajadores recurran al asesoramiento del abogado laboralista del Partido Obrero, por temor a la penetración política de esta fuerza en el movimiento obrero.


Que dicha prohibición tenga origen en una denuncia de Schiavi es una muestra más de la acción deliberada de los funcionarios del gobierno, que tienen como objetivo común con la burocracia de Pedraza que los trabajadores no sean ganados a las filas de la izquierda revolucionaria.


La existencia de este memorando -firmado por el Ejecutivo, según lo expresado por las recepcionistas del ministerio- constituye un avasallamiento al derecho laboral del abogado Mendieta, pero significa una muestra clara del despotismo del gobierno y de sus prácticas antidemocráticas y persecutorias contra el Partido Obrero.

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