Libertades democráticas
14/8/2008|1050
El juicio a Bussi: “Existió un plan sistemático de genocidio”
Emilio Guagnini, de Hijos de Tucumán
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Emilio Guagnini es abogado; integra Hijos de Tucumán y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tucumán. Además, es nieto de esa
excepcional luchadora que fue Cata Guagnini. Prensa Obrera conversó con Emilio Guagnini sobre el juicio a Bussi.
– ¿Qué opinión te merece el inicio del juicio a Bussi?
– Hay muchas cosas para destacar de lo que ha pasado en estos dos días de audiencia.
La primera tiene que ver con lo que ocurrió ayer: a los dos minutos de que el represor comenzara a hablar, se desenmascaró toda la estrategia dilatoria de la defensa y también de la misma familia, que pretenden presentarlo como una víctima. El uso de la palabra que hizo en toda su exposición mostró claramente que entendía perfectamente dónde estaba y, para colmo, desarrolló una exposición, aberrante por cierto, donde expuso una mezcla increíble de cosas. Pretendió justificar lo injustificable y, además de eso, el uso de la palabra fue prácticamente la confesión no sólo personal, sino la exposición de lo que fue el aparato represivo puesto en marcha como terrorismo de Estado en los años ‘70 y en los primeros años ’80.
Reconoció la existencia de cientos de centros clandestinos de detención; reconoció el plan sistemático, diciendo que las órdenes ya estaban predeterminadas y que había listas ya marcadas a las que el 24 de marzo fueron a detener. También reconoció que el terrorismo de Estado ya estaba implementado con anterioridad al 24 de marzo, lo que se llamó el Operativo Independencia. Hizo una confesión y se desenmascaró esa actitud cobarde de intentar dilatar, de no someterse a proceso.
Por otro lado, creo que se destaca, mas allá del gran valor que va a tener el final de este juicio, que no ha sido el escenario ideal para este tipo de juicio. Debería haber sido un juicio oral donde se pudiera sentar a un número mayor de represores, y por varias víctimas al mismo tiempo. Ahora se lo está enjuiciando por solo un caso. Esto que planteo no es sólo por una cuestión de economía procesal; con un juicio oral por cada víctima van a estar 30 años.
También por una razón que tiene que ver con poder mostrar a través de estos juicios lo que fue la verdad histórica de lo que ocurrió en este país. La verdad histórica es ni más ni menos que existió un plan sistemático, diseñado, puesto en marcha en función de los intereses de estos represores y del poder económico que los sustentó, y con el principal objetivo de eliminar a un grupo de la sociedad que se oponía a este plan. Esto no es ni más ni menos que un genocidio, y no sólo por el número sino por la intención de eliminar a todo ciudadano que se oponía a ellos.
– Desde el ‘83, los diferentes gobiernos impulsaron una política anmistiadora. ¿Qué creés que se debería hacer en este juicio para que vaya hasta el final?
– Primero dejar en claro que si hoy tenemos un primer juicio oral, y hemos tenido algunos otros, es por la lucha de los organismos de derechos humanos y de gran parte de la ciudadanía. Se debe alertar que se corre serio peligro, porque se ha utilizado la bandera de los derechos humanos con otros fines políticos.
La única manera de controlarla es con la permanente denuncia de toda la sociedad y estando presente en todos los juicios orales, denunciando que no queremos que sólo un represor como único responsable, para acallar las aguas, sino que la sociedad diga juicio y castigo a todos los responsables y a todo el aparato represivo que incluye desde el pequeño policía que participaba en los secuestros, pasando por los mandos medios, los torturadores y llegando por supuesto a quienes daban las ordenes y por supuesto a todos los poderosos que se beneficiaron con esta política.
– ¿Qué opinás de que, en forma coincidente con el inicio del juicio, el gobierno provincial haya desatado una feroz represión a la manifestación del miércoles pasado?
– Tuve la oportunidad de presenciar los hechos e incluso tuve que encargarme de atender los casos de varios detenidos. Es otra modalidad de represión donde un gobierno supuestamente democrático se orienta a criminalizar la protesta social. La orden de represión fue ordenada procurando detener a un grupo de personas con el único fin de encausarlos judicialmente. Además de eso, se pretende cercenar el derecho que tiene cualquier ciudadano de protestar, de manifestarse.
Lo que espero es que podamos tener una sentencia condenatoria, de perpetua y cárcel común, y que podamos tener juicios orales integrales; por ejemplo, por centro clandestino de detención con un número grande de víctimas.