La Brigada de San Justo fue un centro clandestino de detención y exterminio que congregó secuestros, torturas, apropiación y distribución de niños apropiados, abusos sexuales, vinculaciones con el Plan Cóndor y desaparición forzada de personas.

Entre marzo del ’76 y agosto del ’78 pasaron por ese centro al menos 101 personas identificadas, y otras 9 individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista el juicio se recorta a 84 casos, 31 de los cuales corresponden a personas detenidas-desaparecidas. La mayor parte de las víctimas fueron militantes sociales, políticos y sindicales de la Zona Oeste del Conurbano.

La Brigada formaba parte del denominado “Circuito Camps”, que incluyó más de 33 centros clandestinos de detención en el Conurbano bonaerense, y estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones que regentaba el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Junto con él, están siendo juzgados otros 21 represores, entre los que se encuentran dos militares de la estructura de mando, ocho oficiales del área de inteligencia militar, cuatro jefes del CCD, cuatro agentes que realizaban custodia e interrogatorios, un médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en la dictadura.

Casi la totalidad de estos genocidas llega a su juzgamiento en libertad, sin condena previa, con prisión domiciliaria o excarcelado por el vencimiento de las prisiones preventivas que venían cumpliendo.

Desde la querella de Justicia Ya! La Plata, la cual integramos con Apel, exigiremos en la próxima audiencia que se amplíen las imputaciones por los secuestros y torturas de 11 compañeros, 11 homicidios y 8 casos por delitos sexuales que fueron practicados por los represores como parte del plan genocida. Es algo que quedó incuestionablemente demostrado en la enorme cantidad de testimonios de sobrevivientes y en el conjunto de los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en todo el país.

Esta causa permite poner de relieve cómo la fragmentación de los juicios funciona como maniobra para mantener la impunidad. Dejaron por fuera hechos que formaron parte del accionar represivo de los genocidas de San Justo, como los delitos de homicidios siendo que surgió a través de testimonios que se realizaron fusilamientos dentro del Centro Clandestino, a lo que se suma la aparición de cuerpos que fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Tampoco fue integrado el delito de apropiación por el caso de María Victoria Moyano Artigas -quien fuera apropiada por Penna, comisario de la Brigada de San Justo, y Jorge Héctor Vidal, médico policial de la Brigada fue quien firmó su certificado falso de nacimiento.

Manifestaremos, también en la audiencia, que los genocidas, además de secuestradores, torturadores, apropiadores de niñas y niños y asesinos, ejercieron a su vez violencia sexual y deben ser castigados por ello como un delito más dentro del plan genocida. Durante todo el debate surgieron contundentemente declaraciones sobre ataques sexuales, mayoritariamente hacia mujeres pero también hacia compañeros varones, quienes tuvieron la enorme valentía de denunciarlo y solicitar que los genocidas sean juzgados específicamente por delitos sexuales, para no quede invisibilizado dentro del delito de torturas. No es casual que compañeros y compañeras que vienen declarando hace años hayan destacado por primera vez que sufrieron delitos sexuales, se ve en ello el fuerte impacto del enorme movimiento de mujeres.

Ante los juicios fragmentados y a cuentagotas que buscan seguir perpetuando la impunidad y que los genocidas sigan muriendo en libertad, tenemos que redoblar el acompañamiento militante y de movilización, para seguir arrancando condenas para los represores, contra un gobierno y un régimen político que se han trazado el objetivo de reinsertar políticamente a las Fuerzas Armadas para imponer el ajuste fondomonetarista a los trabajadores, como el propio Macri planteó en el acto del Día del Ejército llamando a “dejar el pasado atrás”, una orientación que por estas horas es afinada nada más ni nada menos que con el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, gremiales y políticas a movilizar a la próxima audiencia, que se realizará el día 17 de julio en los Tribunales Federales de La Plata, para acompañar estos pedidos.

¡Juicio y castigo a los genocidas!