La justicia contravencional de la provincia de Jujuy impuso el pasado jueves una condena a los compañeres de la Unidad Piquetera Juan Chorolque (MTR 12 de abril), Verónica Urzagasti (MAR) y Sebastián Copello (PO). La misma supone una multa de más de $400 mil a cada uno por interrupción del tránsito en oportunidad de la jornada provincial de lucha por los merenderos y comedores realizado el 3 de marzo.

Este fallo es la continuidad de la persecución iniciada por el gobernador Gerardo Morales contra el nuevo movimiento piquetero que se ha plantado en la provincia exponiendo la realidad que se vive en Jujuy y colocando los reclamos más elementales en la calle. Viene luego de la represión con detenciones en San Pedro y de las detenciones en sus domicilios a Juan y Sebastián quienes estuvieron presos casi una semana y que al igual que los compañeros de San Pedro, fueron liberados luego de enormes movilizaciones en todo el país.

A pesar de esta condena las causas penales continúan pesando sobre los compañeros en una especie de doble juzgamiento, es decir que por un mismo hecho pueden ser juzgados por la justicia contravencional y también por la penal, algo que es completamente anti constitucional. Esta situación ha sido armada por Morales, quien también creó el Ministerio Público de Acusación cuyo titular es un hombre cercano a él, como una herramienta para el armado de causas contra los luchadores populares y tratar de impedir las movilizaciones. Sin embargo con la Unidad Piquetera no ha podido.

Esta condena se da además en el marco de un nuevo avance de Morales para reforzar el copamiento de una justicia ya completamente sometida al Poder Ejecutivo. A través del pedido de juicios políticos contra miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el gobierno ha forzado la renuncia de algunos de ellos para colocar a personas de mayor confianza de Morales y también, se dice, del jefe del Frente de Todos, Rubén Rivarola, que llevarían al ex gobernador Walter Barrionuevo a integrar el superior tribunal. Recordemos que apenas asumido, Morales impulsó la ampliación del superior tribunal para poder coparlo con hombres y mujeres de su palo.

Morales, como se ve, no solo es socio de Rivarola en los negocios sino que todo indica que acordarían avanzar en una posible reforma de la Constitución en caso de que el actual gobernador fracase en sus pretensiones presidencialistas. Este sería uno de los propósitos de la nueva avanzada sobre el STJ.

Llamamos al pueblo jujeño a acompañar la lucha contra el hambre que tendrá un nuevo y gran episodio con la Marcha Federal y como parte de esa lucha avanzar en el reclamo de la derogación de la ley contravencional, el fin de la persecución a los que luchan y el levantamiento de todas las causas que pesan sobre ellos.