En una reunión con organismos de Derechos Humanos realizada en París, como parte de su gira europea, Alberto Fernández se comprometió a estudiar una propuesta de la Asociación de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF) para penalizar el negacionismo de la última dictadura militar. La ACAF reúne a militantes argentinos de distintas organizaciones, entre ellas la agrupación H.I.J.O.S. de la capital gala. 

El planteo de ACAF toma como modelo la “ley Gayssot”, una norma aprobada en 1990 en Francia que castiga (con multas y hasta un año de prisión) el negacionismo de los crímenes del nazismo. 

En nuestro país, el negacionismo de un plan sistemático de desaparición de personas por parte de la dictadura, o al menos de sus verdaderas dimensiones, fue apuntalado por la propia cúpula militar como parte de sus intentos por garantizarse impunidad. Ha incluido el desconocimiento de la cifra de 30 mil desaparecidos, del robo de bebés, etc.

En los últimos años, algunos funcionarios macristas hicieron declaraciones públicas de tipo negacionistas. El ex titular de la Aduana y candidato presidencial en las últimas elecciones, Juan José Gómez Centurión, declaró en 2017 que “yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejar” (Página 12, 14/12/17). Darío Lopérfido, ministro de cultura de la Ciudad, dijo que la cifra de 30 mil desaparecidos era un invento para buscar subsidios.

La negación o relativización del plan de exterminio va acompañada a menudo de la “teoría de los dos demonios”, que pretende colocar en un mismo plano el terrorismo de Estado y la acción de los grupos guerrilleros, y que escamotea el verdadero propósito de la dictadura, que era eliminar físicamente una generación de luchadores obreros y juveniles para preservar la dominación del gran capital.

El discurso negacionista encuentra su fuerza en la impunidad. Es el resultado de un aparato que se recicló bajo la democracia y se benefició con las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el indulto. La enorme lucha de familiares y organizaciones de Derechos Humanos ha logrado llevar al banquillo a algunos represores, pero muchos de ellos han muerto en la impunidad y el 65% de los condenados están bajo prisión domiciliaria. La clase social que impulsó el golpe, la burguesía, nunca fue juzgada.

Recurrentemente, las tentativas de impunidad se colocan en el debate político. En 2016, el gobierno y la Corte intentaron imponer el 2×1 para los genocidas, pero debieron retroceder ante la movilización popular. 

El 2×1 tenía como trasfondo el intento del gobierno de reintroducir a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Unos años antes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había designado con ese mismo propósito al represor César Milani como jefe del Ejército.

Una ley que penalice el negacionismo no tendría ningún efecto práctico en el combate de la impunidad y de los milicos. Las leyes contra el negacionismo en Europa han sido impotentes frente al resurgimiento de partidos de extrema derecha y filonazis, como el Frente Nacional en Francia o el AfD alemán. En este último caso, dos partidos “democráticos” –liberales y demócrata-cristianos- acaban de sellar un acuerdo de gobierno en el estado de Turingia con dicha fuerza.

La derrota de los planteos negacionistas depende enteramente de una lucha política contra el aparato estatal. Esa lucha reclama una independencia política de todos los gobiernos, incluyendo el de Alberto Fernández. En ese camino, preparemos una enorme jornada para el próximo 24 de marzo.