El acto de juramento del nuevo jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, estuvo a la medida de los genocidas de la dictadura. 

Estuvieron presentes un grupo de esposas de militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, lo cual equivale a que a un respaldo estatal a su reclamo de impunidad. Que esto haya sucedido en presencia del ministro de Defensa Oscar Aguad y del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj confirma el aval del gobierno a esta política, que ya tuvo expresión en los ataques al ´curro de los derechos humanos´, los cuestionamientos a la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos, el fallo del 2×1 y las prisiones domiciliaras que lograron varios genocidas, entre ellos, Miguel Etchecolatz.

Los discursos pronunciados despejaron cualquier duda sobre el carácter “oficial” de la presencia de las esposas de los represores. Sin ir más lejos, Aguad se refirió a una supuesta ´estigmatización´ de las fuerzas armadas y reivindicó a la ´familia militar´. Por su parte, el ex jefe del Ejército, Diego Suñer, se despidió convocando a hacer “más historia y menos memoria”, una frase del historiador Luis Alberto Romero, que equivale poco menos que a un reclamo de amnistía para los represores.

Este rescate de los genocidas coincide con la ´nueva doctrina´ que el Departamento Sur del Pentágono le dictó a Oscar Aguad y Patricia Bullrich en su reciente viaje a los EEUU: utilizar a las fuerzas armadas en la seguridad interna, con la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo, y la ´custodia´ de los recursos naturales –es decir de los pulpos petroleros y mineros.

El ascenso de Pasqualini a la jefatura del Ejército está estrechamente vinculado al “giro” que el gobierno pretende imprimirle a las fuerzas armadas, en sintonía con las “nuevas amenazas” definidas por el Comando Sur de los Estados Unidos “instando a su policialización” (Clarín, 22/2). Es decir su movilización para tareas de represión interna. 

En un cuadro de luchas populares crecientes y empantanamiento económico, el gobierno busca el reaseguro de los militares para apuntalar una eventual declaración de estado de sitio. Fue un recurso acariciado por todos los gobiernos “democráticos”, incluidos los K, que introdujeron a los milicos en tareas de “apoyo logístico” a Gendarmería en las fronteras, dictaron las leyes antiterroristas y encumbraron al genocida Milani, responsable de la organización de un servicio de inteligencia paralelo.

El rescate de los genocidas y la ´reconciliación´ pregonada por las usinas oficiales se ajustan a esta política represiva, patrocinada por el imperialismo.