El nuevo régimen penal juvenil y el plan de guerra contra la juventud

Este sábado entrará en vigencia en la Argentina el nuevo régimen penal juvenil creado por la Ley 27.801. Con esta norma, la edad de punibilidad quedará rebajada a los 14 años, un hecho de gravedad histórica que marca un retroceso en materia de derechos humanos cuyo único precedente legal en el país es el Decreto-Ley 22.278 impuesto por la dictadura genocida en 1980. Esta reforma constituye un ataque directo a las libertades democráticas y expresa una transformación profunda en la institucionalidad del Estado. Esto no significa ignorar que, bajo el régimen constitucional democrático, la juventud de las barriadas populares ha sufrido sistemáticamente el gatillo fácil, la persecución y el hostigamiento diario del aparato represivo. Lo que hoy se consagra, en cambio, es un salto en el endurecimiento general de las condiciones de dominación. En un cuadro de aguda crisis y pauperización de las masas, un Estado incapaz de ofrecer una salida de fondo comienza a liquidar los últimos restos del histórico esquema de "patronato" o tutela estatal de la minoridad, hace tiempo vaciado de contenido social, para asumir una gestión de la miseria puramente policial.

La complicidad de todo el arco político patronal, incluyendo los sectores del peronismo que daban el quórum parlamentario y administraban los resortes de la contención, demuestra la apuesta de la clase capitalista por un Estado cada vez más represivo y de mano dura, dispuesto a dirimir la crisis social mediante un mayor despliegue de violencia estatal. La prisionización de las infancias obreras a edades cada vez más tempranas funciona así como el laboratorio ideológico para forzar la aceptación de un incremento de la represividad de conjunto, pavimentando el camino para la militarización de los barrios, la impunidad de las fuerzas de seguridad y el control preventivo del activismo obrero, estudiantil y popular.

Una genealogía del castigo a las infancias del pueblo trabajador

Para desentrañar el significado de esta reforma penal es fundamental reconstruir el hilo histórico que une las legislaciones represivas sobre la niñez en la Argentina. Lejos de ser un proceso lineal de ampliación de derechos, cada avance del brazo penal del Estado sobre la niñez ha coincidido con momentos de agudización de la crisis capitalista y de necesidad de contener el descontento popular.

La historia se remonta a la nefasta Ley Agote de 1919, sancionada una semana después de la Semana Trágica, en un clima de terror de la clase capitalista ante el ascenso de las luchas obreras. Bajo la categoría de “riesgo moral”, habilitó a criminalizar y encerrar a los hijos de las familias obreras, que se decía, eran forzados a trabajar como canillitas por sus padres para repartir los periódicos de las organizaciones socialistas y anarquistas del naciente movimiento obrero. Décadas más tarde, en 1954, ante una crisis económica que obligaba al gobierno peronista de la época a endurecer la represión para contener el descontento de la población, se aprobó la reforma de la Ley 14.394. Aquella modificación facultó al Estado a encarcelar por tiempo indeterminado a los niños en situación de calle bajo el pretexto de "protegerlos" y "cuidarlos", reforzando el modelo judicial tutelar que transformó definitivamente la asistencia en represión y el desamparo social en castigo penal. Durante casi 30 años ese modelo se perfeccionó profundizando el modelo penal de tutelaje estatal.

El salto más sangriento se produjo en 1980, en pleno terrorismo de Estado. Con firma de Jorge Rafael Videla y su ministro de justicia, Alberto Rodríguez Varela, se decretó el Régimen Penal de Minoridad bajo el Decreto-Ley 22.278, bajando la edad de punibilidad a los 14 años. La dictadura militar no hacía más que profundizar la matriz histórica que considera a las infancias obreras como un peligro social que debe ser conjurado mediante el encierro preventivo y el disciplinamiento de las barriadas. Esta norma introdujo la figura de la disposición tutelar, por la cual un juez podía dejar detenido por tiempo indeterminado a un joven.

Con el inicio de la democracia, la inmensa movilización de las masas y la lucha indoblegable de los organismos de derechos humanos y la persistente batalla popular por el juicio y castigo a los genocidas forzaron al gobierno de Alfonsín a elevar el límite a los 16 años. Sostener ese límite durante 43 años frente a todos los intentos bajacionistas fue una conquista democrática arrancada por la movilización del pueblo en las calles, por organismos de derechos humanos, en una sociedad atravesada por debates impulsados incesantemente por los medios de comunicación que buscaban a toda hora justificar una mayor respuesta represiva.

El "derecho internacional de la niñez": protección de supervivencia ante la barbarie capitalista

Frente a esta ofensiva, los defensores del orden burgués suelen blandir el paraguas de los tratados internacionales de niñez como si fueran normas neutrales y humanitarias caídas del cielo. Pero es preciso desmitificar esta ilusión reformista que embellece al Estado capitalista. El llamado derecho internacional de la niñez es una protección jurídica de supervivencia, de carácter excepcional, nacida al calor de la guerra y la barbarie capitalista. Sus primeras legislaciones surgieron del reclamo de los movimientos de mujeres y trabajadoras durante la Primera Guerra Mundial, que exigían una respuesta del Estado ante el desastre humanitario y el desamparo de millones de niños huérfanos por la carnicería imperialista en el frente de batalla. Este andamiaje legal, que luego los diversos órganos del imperialismo plasmaron en declaraciones solemnes como la de 1959 bajo la frase cargada de cinismo de que “la humanidad debe a la niñez todo lo que tiene”, revela en su esencia la desesperación de la clase dominante por asegurarse a sí misma un porvenir. No fue por humanismo que se legisló la protección de la infancia sino para garantizar la reproducción física de su futura fuerza de trabajo y evitar que el colapso absoluto de las condiciones de vida de las familias obreras hiciera estallar las bases de su propia dominación. Por lo tanto, la posición que adoptan los Estados frente a la niñez en cada época histórica representa, de forma concentrada, la forma específica de dominación que asume el Estado frente al conjunto de la población.

La quiebra de estas protecciones básicas y el avance punitivo actual a través de la baja de la edad de punibilidad no hacen más que reflejar el agotamiento histórico de una burguesía cuya descomposición le cierra todo futuro a la juventud de nuestro país.

El vaciamiento social y el ascenso de la barbarie penal

La ruptura de este límite histórico de 43 años no puede explicarse simplemente por la iniciativa reaccionaria de Milei-Bullrich. Tiene que pensarse como parte de un proceso más profundo y de larga duración que refleja el agotamiento histórico de la burguesía para garantizar la reproducción general de la sociedad bajo condiciones de mínima contención.

Asistimos a una demolición planificada de las políticas públicas destinadas a la protección y desarrollo de las infancias y adolescencias. El vaciamiento de la educación pública, la destrucción del sistema de salud y la eliminación de la asistencia social más elemental corren de manera paralela a la hipertrofia del aparato policial y carcelario.

La aprobación parlamentaria de esta ley expone la complicidad directa de todas las fracciones de la clase patronal. El hecho de que este nuevo régimen contara con el aval de sectores peronistas y de la derecha tradicional demuestra que, más allá de los discursos para la tribuna, la burguesía en su conjunto comprende que ya no puede sostener el orden social mediante mecanismos de mediación política o asistencialismo. Ante el fracaso de sus propios partidos para contener por abajo el descontento de las masas, la clase capitalista recurre al blindaje represivo como única vía para descargar la crisis sobre las espaldas de la población trabajadora.

La cooptación policial y el fin del viejo esquema de control territorial

La prolijidad técnica con la que se redactó el texto definitivo de la ley busca diferenciarla de los borradores grotescos que Patricia Bullrich presentaba inicialmente. Al suprimir las cláusulas más brutas, los ideólogos de la reforma jurídica pretenden presentarla bajo un ropaje técnico legítimo, llegando al colmo de calificarla como una deuda pendiente de la democracia. Sin embargo, no hace falta enredarse en disquisiciones jurídicas o análisis artículo por artículo para ver la realidad de fondo. El objetivo exclusivo de esta reforma es asegurar que los chicos de la clase trabajadora terminen tras las rejas de una u otra forma.

Durante las últimas décadas, el Estado administró la miseria barrial bajo un esquema de control social donde la regla era la libertad de los pibes para ser explotados por las redes delictivas reguladas por las propias fuerzas de seguridad. El gatillo fácil, las muertes en los institutos de menores y la transa de drogas funcionaban como un engranaje donde los chicos eran obligados a robar para las cajas de las comisarías bajo la tutela del aparato policial.

Hoy, ante el colapso de ese esquema de contención informal y la degradación social acelerada por el ajuste, el Estado avanza hacia el encierro sistemático. Lejos de combatir el delito, la baja de la edad de punibilidad a los 14 años entregará una herramienta formidable de extorsión a la Policía, la Gendarmería y la Prefectura. Las fuerzas de seguridad del Estado capitalista utilizarán la amenaza del encarcelamiento efectivo como un mecanismo de presión extrema para disciplinar, someter y reclutar a los pibes de los barrios hacia el crimen organizado, las redes de narcotráfico y la explotación sexual, cerrándoles toda alternativa de futuro.

Aspectos generales de la Ley 27.801

En barrios populares golpeados por el ajuste capitalista y desprovistos de toda contención, la burguesía pretende consagrar al calabozo como su respuesta prioritaria para la juventud. Al tratar a los pibes directamente como adultos, el régimen tiende a relegar su histórica fachada "protectora", acentuando el disciplinamiento de los hijos de la clase obrera en función de la defensa de la propiedad privada. Este zarpazo golpea las limitadas conquistas y alivios que la movilización popular arrancó a los tribunales de justicia en las últimas décadas, buscando que el traslado de los jóvenes a cárceles comunes al cumplir los dieciocho años sea el camino habitual. Como se elimina la posibilidad de recortar las condenas, el Estado quita toda alternativa para esquivar la celda frente a las acusaciones más graves que la policía arma cotidianamente en las barriadas, buscando generalizar la cárcel efectiva. No hay concesiones para la libertad condicional y establece la obligatoriedad de trasladar a establecimientos de adultos a los jóvenes que hayan cumplido 18 años y aun no hayan agotado su condena, interrumpiendo todo intento de reintegración social del adolescente. Se trata de una tentativa de retroceso que se intenta consolidar en las leyes, pero que dista de ser un destino irreversible si se la enfrenta mediante la organización independiente y la lucha colectiva.

El control preventivo en los colegios y la lucha de clases

Este salto cualitativo en la política de encierro de las infancias se vincula directamente con la necesidad de blindar el ajuste de hambre mediante un régimen de militarización y persecución política preventiva. El régimen penal juvenil busca introducir esta lógica de criminalización preventiva directamente dentro de las escuelas públicas. Ante una juventud secundaria que ha dado sobradas muestras de combatividad en defensa de la educación pública y contra las reformas vaciadoras del capital, la nueva ley penal juvenil es un arma para perseguir a los centros de estudiantes, judicializar las tomas y militarizar el entorno de las escuelas. Necesitan regimentar la protesta y amedrentar a la vanguardia estudiantil antes de que logre unificar su reclamo con las luchas del movimiento obrero ocupado y desocupado.

Por una salida obrera y de la izquierda contra la creciente represión estatal

Frente a la barbarie social a la que nos somete el Estado patronal y sus fuerzas represivas, la defense de la juventud trabajadora no vendrá de la mano de los tribunales de esta justicia patronal ni de la demagogia de los partidos del régimen. No podemos depositar ninguna confianza en un sistema judicial diseñado para defender la propiedad privada de los explotadores y garantizar el castigo para los explotados. La lucha contra la baja de la edad de punibilidad y el nuevo régimen represivo es, fundamentalmente, una lucha política y social por el derecho de la clase trabajadora a existir, organizarse y defender su propio porvenir.

Llamamos a los centros de estudiantes, a las asambleas de barrio, a los sindicatos recuperados y a las organizaciones de desocupados a poner en pie una gran resistencia contra esta ley de hambre y calabozo. Necesitamos forjar una organización independiente, sin ningún lazo con el Estado ni con los partidos de la burguesía que cogobiernan y facilitan las leyes del ajuste. Debemos transformar cada colegio, fábrica y barriada popular en un bastión de organización y lucha colectiva contra la militarización de nuestras vidas.