El operativo intimidatorio del gobierno y Gendarmería en el caso Maldonado

La denuncia presentada por la Gendarmería contra tres testigos de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado constituye un acto de intimidación, avalado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Son acusados de haber prestado falso testimonio e integrar una ´asociación ilícita´ responsable de instalar la “falsa hipótesis” de la desaparición forzada. Los testigos apuntados por los gendarmes, con nombre y apellido, son Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi.

Este apriete miserable tiene lugar, además, cuando todavía faltan realizar varios estudios complementarios a la autopsia para determinar cómo y cuándo murió Santiago. La carátula de la investigación sigue siendo la de desaparición forzada, por solicitud de la fiscal. 

Pero incluso más allá de esto, lo que es innegable es que la muerte de Maldonado se produce como resultado de un violento operativo represivo para desalojar un piquete en la ruta 40 protagonizado por una decena de personas, continuó con el allanamiento ilegal del territorio ocupado por los mapuches, donde entre 50 y 100 gendarmes persiguieron la desbandada de ese pequeño grupo –en el que se encontraba Maldonado– hasta el río Chubut, disparando y arrojando piedras.

La “doctrina” que el gobierno menea para defender y apoyar al fusilador por la espalda Chocobar debutó con la defensa intransigente de Bullrich hacia los gendarmes en el Senado –y el ocultamiento de la presencia dirigente de su jefe de gabinete, Pablo Noceti, a cargo del operativo– y con el ascenso del alférez Emanuel Echazú, que llegó en la persecución hasta la orilla del rio y se vio como uno de los más exaltados durante la cacería. Echazú fue incorporado como imputado en la causa por la muerte de Maldonado –a través suyo, Gendarmería tiene acceso al expediente– y es querellante en la causa por el desalojo de la ruta 40, donde asegura haber sido herido de un piedrazo en el rostro. El que intentó instalar “hipótesis falsas” fue el gobierno, que promovió las versiones de que Maldonado había sido malherido por un puestero, que no había estado el 1 de agosto en Cushamen o que estaba refugiado clandestinamente en Chile.

Como señala la abogada de los Maldonado, el objetivo de la denuncia de Gendarmería es “socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno” (Página/12, 8/2).

La Patagonia y las movilizaciones por tierras de las comunidades mapuches están en el centro de los planes de militarización del gobierno: a la presencia de Gendarmería y Prefectura se sumaría una “Fuerza de Despliegue Rápido” militarizada para asegurar los intereses de las petroleras y mineras. Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, fue otra víctima de esta política represiva.

La denuncia de Gendarmería debe ser rechazada. Es un ataque a todas las organizaciones que nos movilizamos por el juicio y castigo a los culpables. Pretende ponerle una mordaza a quienes denunciamos los atropellos del Estado y sus fuerzas represivas.