La muerte de dos policías en un tiroteo ocurrido en el barrio de Once es el pretexto que ha utilizado el gobierno para plantear la instauración de un Estado policial. Arturo Mathov, secretario de Seguridad, reclamó el urgente tratamiento legislativo de una reforma al Código Penal y Procesal. Si esta reforma se aprueba, ya “no será necesaria la presencia de dos testigos ajenos a las fuerzas de seguridad para la elaboración de un acta de la policía en el lugar de una requisa” (La Nación, 22/5). Además, la policía “podrá realizar interrogatorios a testigos en los lugares donde se cometan delitos sin permiso judicial mediante”. También podrá realizar “requisas personales, así como revisar efectos personales y ropas en un operativo de control”. Finalmente, y “en casos urgentes”, las fuerzas de seguridad “podrán realizar secuestro de elementos relacionados con el delito sin permiso judicial”. La reforma reclamada por Mathov traslada facultades decisivas de la Justicia a la propia policía, violando garantías individuales y permitiendo a aquélla fraguar culpables y hasta delitos.

La Federal en la picota

Los anuncios del gobierno pretenden ser una respuesta a la creciente ola de inseguridad ciudadana. Pero, principalmente, quieren encubrir el papel de la propia policía en esa ola delictiva; no ya de la “Bonaerense” sino de la propia “Federal”, sobre cuya cúpula penden varios procesos judiciales. El más reciente es el fraude con los “reforzamientos” de la vigilancia en las canchas de fútbol, adonde se enviaban menos efectivos que los que se facturaban a los clubes, generando *según denunciaron los propios suboficiales* jugosos ingresos para los jefes policiales. Apenas unos meses atrás, había sido descubierta una red de proxenetismo (cafishaje) vinculada al movimiento de la prostitución en la Capital, liderada también por elementos de la cúpula policial. Finalmente, la Procuración General de la Nación investiga la existencia de 31 causas fraguadas contra personas inocentes, con el único propósito de simular una mayor “eficiencia” policial.

Por eso, la ciudadanía no duda en poner en el vértice de la pirámid e del crimen a las propias fuerzas de seguridad. Desde las comisarías de la ciudad, se urden los esquemas que habilitan “zonas liberadas” y “licencias” para los hurtos, el tráfico de drogas y la prostitución. Sobre este negocio privado se yergue otro, que es el de la “protección arancelada” a los vecinos. En barrios de la ciudad fuertemente castigados por robos *como Núñez o Belgrano* se han constituido “asociaciones vecinales” fantasmas, cuya única función es cobrar a los vecinos el “adicional por seguridad” para la comisaría de la zona. El pago de este tributo “garantiza” inmunidad a los robos, al tiempo que condena al vecino que no paga a una seria “exposición”. El tan pregonado “plan de prevención del delito con participación vecinal” ha conducido a la creación de las “ONGs de la seguridad”. La descomposición del aparato policial no es ajena a las “modernas” tendencias de seudoprivatización de todos los aspectos de la vida social (aunque bajo mayor control del Estado).

Ibarra

Ibarra salió al cruce de los anuncios represivos de Mathov, no para oponerse, sino para agitar su planteo del traspaso de “la Federal” a la Ciudad. “Con el traspaso *dijo* habrá 1.000 efectivos más en la calle, más tecnología y mejor equipamiento” (Página/12, 22/5).

En esta línea, el Gobierno de la Ciudad ya había destinado a los comisarios 8 millones de dólares adicionales de su presupuesto 2001. Suárez Lastra, secretario de Seguridad de la Ciudad, anticipó que “recibiremos a la Policía con los fondos correspondientes, lo que haremos será administrar mejor esos recursos, y sumar el dinero que conseguimos todos los años de los ahorros en todas las áreas del poder ejecutivo” (La Nación, 29/4). Un “ahorro” que deberá tener en cuenta, adicionalmente, la promesa del funcionario de aumentar los sueldos policiales “para persuadir a los miembros de la Federal aún poco convencidos frente al cambio de status” (ídem). Como se ve, los frepasistas se plantean “aceitar” a la cúpula policial con suficientes incentivos económicos. Para asegurar esta “cometa” institucional, ya han comenzado los recortes en diversas direcciones y secretarías del Gobierno de la Ciudad.

Nuestro planteo

El centroizquierdismo ya no oculta su filiación proimperialista y procapitalista en el plano “económico”. Pero todavía pretende agitar banderas “progresistas” en el campo de los derechos y garantías individuales. Ahora, los anuncios de Ibarra, prometiendo beneficios económicos a la corrupta y sospechada cúpula policial, dan por tierra inclusive con aquella pretensión. La reivindicación de la autonomía de la Ciudad también ha quedado vacía de contenido, ya que supone la asimilación de las instituciones “nacionales” de un régimen político y social agotado.

El Partido Obrero presentará en la Legislatura de la Ciudad una ley de seguridad ciudadana a partir, precisamente, de la ruptura con el pasado del “gatillo fácil” y la complicidad con el delito. Proponemos la creación de una fuerza de vigilancia autónoma de la Ciudad, electa por los vecinos y revocable por ellos. Planteamos que concursen, para integrarla, dirigentes vecinales y de organizaciones obreras y juveniles, y de los movimientos de derechos humanos. La fuerza de vigilancia de cada barrio deberá rendir mensualmente cuentas ante asambleas de vecinos, sobre todos los aspectos vinculados a su función. Sus integrantes deberán vivir en el barrio donde desarrollan su actividad.

Unimos este planteo a una lucha integral por el salario mínimo, por el seguro al desocupado, por un plan de obras de la Ciudad bajo control de los trabajadores. Es decir, un planteamiento que arranque a los explotados de la miseria social que los convierte en rehenes de un delito que, en su cúpula, organizan las cliques capitalistas, narcolavadoras, y sus cómplices policiales.