Mientras se congelan las jubilaciones y se divide el pago del aguinaldo de los estatales, Alberto Fernández anuncia una recomposición salarial para el personal militar de la Fuerzas Armadas, que a partir del 1 de octubre pasarán a percibir todos los suplementos de forma remunerativa.

La medida provocará un aumento en las jubilaciones de los militares retirados (muchos de ellos represores impunes) y un tratamiento desigual con el resto de los trabajadores del Estado, que reciben y seguirán recibiendo parte de su sueldo en sumas no remunerativas que no se incorporan al cálculo de su haber jubilatorio.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, declaró que se trata de una “muy buena noticia” para terminar con una situación “anómala que venía de la década del ’90”, mientras el presidente sostuvo que pondrá “fin a inequidades y desigualdades que se dieron por años”. Colocan así a las Fuerzas Armadas como víctimas de un tratamiento injusto por los gobiernos democráticos, con el objetivo de rehabilitación política profundizado con la incorporación del Ejército en actividades “ciudadanas” impulsadas con mucha fuerza desde el inicio de la cuarentena.

Esta medida es entonces una expresión de la política de reconciliación con las fuerzas militares, que Alberto Fernández definió desde el comienzo de su gobierno llamando a “dar vuelta la página”. Estos reconocimientos a los miembros de la Fuerzas Armadas buscan un apoyo estratégico, en unas fuerzas que por su desarrollo tecnológico y operativo solo resulta útil para una finalidad: el control y la represión interna. Todo esto se da en un contexto de escalada represiva y desapariciones forzadas.

Esta medida expresa que el gobierno peronista tiene el objetivo de conseguir, como reaseguro ante la crisis económica y las convulsiones que promete la llamada postpandemia, a los militares como fuerza represiva de reserva para el control social.