Desde el envío al Congreso por parte de Macri del proyecto de Régimen Penal Juvenil, se planificaron distintas jornadas de exposición pública sobre los distintos puntos de la reforma en las cuales participarán especialistas en la materia, desde jueces, catedráticos, abogados de Derechos Humanos y familiares de víctimas de violencia institucional.

El proyecto de reforma busca bajar la edad de punibilidad y profundizar una política represiva como viene sucediendo los últimos años (2×1 para los genocidas, utilización de las Tasser, doctrina Chocobar). Es complementario y antesala del proyecto de reforma del Código Penal del oficialismo, un capítulo mayúsculo en materia de criminalización social. 

El jueves 11, nuestra compañera y abogada de APEL, Liliana “Rayu” Alaniz, expuso en la Comisión de Derecho Penal y Familia de la Cámara de Diputados.

En su intervención, Alaniz señaló la funcionalidad del aumento represivo en el marco de un ajuste brutal contra el pueblo. “El punto es que el ajuste no pasa sin represión. Cuando todos los demás mecanismos de contención fallan, el régimen penal y represivo viene a jugar un papel de vital importancia para el régimen. Como no pueden garantizar trabajo, acceso a la educación, a la vivienda, a una vida libre de violencias a los pibes: la salida es la cárcel”

La baja de edad de imputabilidad no solo margina, criminaliza y segrega al sector más vulnerable de nuestra sociedad: “La condena de los jóvenes es muy anterior a que intervenga un juez. La condena la establece esta sociedad cuando los condena a ser pobres a la mitad de les niñes de hasta 14 años. Casi la mitad de esa franja de la población vive bajo la línea de pobreza: 5,5 millones, que equivalen al 42 % del total”. Con este ataque a la juventud, el gobierno busca crear un chivo expiatorio. Los datos oficiales son contundentes: “Los datos oficiales de 2017 indican que cada 100 mil presos adultos, hay 1.300 jóvenes detenidos: un 1,3%. ¡Y se bate el parche de la delincuencia juvenil!”

En ese sentido, esta nueva reforma del Código Penal no busca modificar la estructura corrupta de jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencias, todos ellos máximos eslabones del crimen organizado. En ese sentido, Rayu señaló que “finalmente, y haciendo foco en los ejes temáticos del día de hoy, no podemos dejar de hacer notar que las fuerzas de seguridad, son las que garantizan cuando menos, el accionar de las organizaciones criminales, pero no solo eso sino que también lo fomentan y hostigan a les jóvenes para que salgan a delinquir. El caso Luciano Arruga es en extremo clarificador. Y a Luciano, decirle que no a la policía, le costó la vida.”

Por último, la compañera dejó planteada nuestro propuesta sobre el sistema de elección y remoción de jueces y fiscales: “Finalmente, creemos que no basta con la capacitación y especialización de jueces y fiscales, y por eso, en la transición de una reorganización de un gobierno de trabajadores planteamos la elección y revocabilidad de jueces y fiscales para que rindan cuenta ante la sociedad.”

No a la baja de edad de imputabilidad reaccionaria.

Abajo la reforma del Código Penal.

Elección y revocación popular de jueces y fiscales.