Pablo Verani, el actual gobernador de Río Negro, acumula tres períodos sucesivos en funciones de máxima jerarquía gubernamental (presidente del bloque de la Ucr en la Legislatura, vicegobernador de Massaccesi y actualmente como gobernador). De modo que es absolutamente responsable directo del estado de endeudamiento y miseria social que vive hoy la provincia.

Ahora, la crisis política abierta con el encubrimiento oficial y policial del crimen de Cipolletti ha llevado a Verani a buscar la protección incluso de la embajada yanqui.

De la pena de muerte a apedrear comisarías

Luego de meses, a costa de un largo y penoso aprendizaje, los cipolleños han llegado a la conclusión de lo que era obvio desde un primer momento: “¡Lo sabía, lo sabía, a las chicas las mató la policía!”. En el gobierno se prendieron todas las alarmas cuando en la marcha de los 6 meses uno de los padres dijo ante más de 5.000 personas movilizadas: “Hoy ha sido una demostración de lo que puede ser el Cipolletazo”, y más tarde agregó que “era posible que se tome alguna comisaría”. Ya no sólo no se reprocha a quienes silban cuando la marcha pasa frente a la comisaría cuarta, sino que son los propios familiares los que hoy se meten de prepo en su interior a pegar carteles al grito de “¡asesinos!”.

El gobierno intenta echar lastre: ha acusado a varios jefes policiales y a otros que intervinieron en un inicio, ya no sólo de “encubrimiento, falso testimonio, apremios ilegales, etc.”, sino también de “asociación ilícita” y”enriquecimiento ilícito”.

La acusación a 9 jefes policiales no puede ocultar la relación estrecha de los acusados con mafiosos y con el poder económico en el negocio del narcotráfico (y en el robo de autos, de viviendas, etc.). El fiscal de la causa agregó a la acusación a otros cuatro policías (algunos de Cipolletti, otro de Villa Regina) y a cuatro civiles.

Como entre los integrantes de la primer lista hay varios de Allen, y como “… quienes están al frente de la investigación creen que la red iría mas allá. Abarcaría a otros efectivos capaces de corromperse en distintas ciudades rionegrinas” (Río Negro, 14/6), se concluye que la verdadera ‘asociación ilícita’ no es otra cosa que ‘la rionegrina’ como institución.

La impunidad y el encubrimiento provocan nuevos asesinatos

Pero ni la DEA, ni el FBI, ni la Federal vinieron para esclarecer el triple crimen. De hecho, tras 9 meses de impunidad hay que agregar en los últimos días dos nuevos asesinatos relacionados al triple crimen. Uno de ellos es el del principal testigo contra los policías que realizaron el primer operativo para montar la escena de la captura de los marginales (primera teoría que preparó la policía y el gobierno). El peón rural Aravena estaba presente cuando una partida policial fusiló prácticamente a su compañero Sepúlveda, pretendiendo con ello cerrar el caso. En esa oportunidad, los policías lo amenazaron y lo sometieron a aprietes de todo tipo. Sus declaraciones en el expediente permitieron desarticular toda la farsa de ese procedimiento .

Días antes una prostituta que había aportado datos a las familias de las chicas, apareció muerta en un zanjón

Aravena fue descuartizado con el propósito que no se pueda identificar la causa de su muerte ni rastrear a los autores. Obviamente, tal masacre no es resultado de una pelea doméstica entre alcoholizados: es una manifestación de poder que sólo puede venir de quien tiene poder: ” … estamos ante la presencia de una organización mafiosa y muy poderosa, que aún se encuentra en la zona”, dijo el abogado de Sepúlveda (ídem, 4/8). Algo tan elemental no ha sido considerado por el juez, que falto de originalidad, acusa de la muerte de Aravena a otros dos peones rurales amigos suyos. Un apego del juez a la culpabilidad de los ‘marginales’ que desnuda que el trasfondo del triple crimen es una cuestión de clase y una cuestión de estado. De mafias del estado burgués, y para proteger esta cuestión es que están los ‘marines’ en Río Negro.

Verani teme una rebelión popular

El gobierno ha puesto en marcha Consejos de Seguridad integrados por funcionarios, asociaciones intermedias vinculadas a la cuestión (léase empresas privadas de ‘seguridad’, es decir, la patota parapolicial) y …la policía oficial.

Ninguna de estas medidas apunta a esclarecer el triple crimen, que de hecho y vox populi ya está recontraesclarecido (el propio juez admite que tiene sospechosos, hay nombres de ‘gente conocida’, pero carece de pruebas). Las medidas de Verani apuntan, como lo reconoció el ministro de gobierno: “a hacer diagnósticos mas ajustados y con mas detalles de las zonas conflictivas” (ídem, 20/5).

Y ‘zonas conflictivas’ son lo que sobran en la provincia. Las hay territoriales (tomas de terrenos por los sin techo, etc.) y sociales (luchas estudiantiles, de los trabajadores por el salario, de los docentes, municipales, desocupados, etc.). Verani prepara la provocación y represión contra los luchadores, las organizaciones populares y las masas.

En este contexto no resulta entonces ‘descolgado’ el ataque furioso y las amenazas que vertió el propio gobernador, cuando un juez laboral falló a favor de una docente para que se le reintegren los dos años de descuento salarial que impuso el gobierno. Esto abre la posibilidad de más de 5.000 juicios. Verani utilizó la red provincial de radiodifusión para atacar el fallo y declarar que la provincia no tiene fondos para devolver aproximadamente unos 50 millones de pesos, un monto que es apenas una fracción de lo que una sola empresa vació del ex Banco Provincia cuando Verani era socio de Massaccesi. Amenazó que si estuviera obligado a devolver esa plata sería a costa de “echar a 2.300 docentes, el cierre de las salas de 4 años, la modificación del Régimen de Licencias y del Estatuto Docente, cerrar 7.000 horas cátedra (ya cerró 18.000), eliminación del transporte escolar en las zonas del interior, etc.”. En realidad Verani lo único que hizo es anunciar cuales son sus próximos pasos, tenga o no que devolver el salario descontado. El Río Negro del 25/6 informa que el Banco Mundial exige más ajuste en educación antes de desembolsar el segundo tramo del préstamo para reconvertir el Estado. “El desfinanciamiento lleva a la provincia a depender de la ayuda internacional (textual) para realizar las reformas estructurales, pero esto exige ahorros que provocan gemidos sectoriales” (ídem). Más claro imposible.

Son éstas ‘zonas conflictivas’ las que vienen a combatir y espiar los FBI y los DEA. Porque como reconoce el propio diario, si la mitad de los 250.000 millones de dólares que mueve la droga en el mundo pasa por bancos norteamericanos, ¿no son precisamente éstos los acreedores de la provincia y los principales interesados que no se desvíe un peso del pago puntual de la usura?

Así como para el triple crimen está planteado un Cipolletazo, por el castigo de todos los culpables; para echar a Verani y todo el régimen represor y antipopular hace falta un Rionegrazo.