La causa demuestra el empeño en criminalizar la protesta social por parte de este gobierno “nac & pop”.
La protesta que se pretende castigar se originó luego de exigir puestos de trabajo y ante la falta de pago del subsidio que percibían desocupados y compañeros de planes, quienes llevaban un año y ocho meses de contraprestación laboral.
Las operadoras petroleras exigieron la represión, ya que el corte era exclusivo para los vehículos afectados a la producción de estas empresas. En ese momento, el gobierno de Peralta y el del ex intendente de Caleta Olivia, Cotillo, respondieron con un brutal desalojo, donde fueron golpeadas decenas de compañeras -una de ellas recibió golpes en la panza estando embarazada- y hubo heridos por balas de gomas, entre otros atropellos.
La represión fue una emboscada preparada por la Infantería y la Brigada de Investigación (la que realizó una tarea de espionaje durante todos los días del corte, cuyos resultados obran como “pruebas” en la causa), asociadas con el jefe de la policía de la provincia, comisario Martin, quien estaba a cargo. Los compañeros no fueron solamente desalojados, sino que fueron cercados por la infantería y reprimidos desde todos lados. Luego se hizo una “fila” de uniformados, delante de la cual fueron obligados a pasar nuestros compañeros, bajo lluvias de golpes e insultos, hasta el acceso a la ciudad.
Hoy, el gobierno termina por reconocer lo que en aquel momento denunciaron los compañeros: la falta de inversión por parte de las petroleras, que se llevan 39 millones de pesos por día en la zona norte de Santa cruz, pero sólo dejan subsidios y miseria para la población que vive en nuestra provincia.
Sin embargo, en vez de tomar medidas judiciales contra Repsol, el gobierno lo hace contra los trabajadores.
Con este juicio intentan atacar la organización de los trabajadores. Esto se da dentro de un marco represivo, cuyo fin es abonar el terreno para aplicar el paquete de medidas de ajuste que pretenden imponer en Santa Cruz. Así lo evidencian los más de 500 procesados entre docentes, desocupados, marineros, entre otros trabajadores, así como la detención del petrolero Oñate.
Llamamos al conjunto de la población a repudiar este ataque.
Por la absolución de Norma Villamayor, Pablo Robles, Elsa Orozco y Laura Costancio.
Libertad al petrolero Víctor Oñate.
Desprocesamiento a todos los luchadores.
No a la criminalización de la protesta social.
Abajo el Proyecto X y la ley antiterrorista.
