Este lunes 29 de julio, seis personas tendrán que declarar en la Cámara de Acusación de Villa Dolores, imputadas por supuestas amenazas contra el exintendente Musso. La causa tiene su origen en la lucha para frenar la construcción de la autovía en las sierras, que trajo y trae aparejados la deforestación del bosque nativo, la migración de la fauna de la zona, la destrucción de vestigios culturales y arqueológicos, además de la alteración de los cursos de agua, entre otros perjuicios ambientales.

En el 2017 cuando se inició la obra, grupos de vecinos de diferentes localidades se organizaron en asambleas, para denunciar la situación y enfrentar la política depredadora del gobierno.

Para frenar los reclamos, se imputó a alrededor de 18 personas a pesar de la inexistencia de pruebas para los delitos alegados, tal como la asamblea de Punilla denunció en un comunicado. Se trata de una causa que busca disciplinar al movimiento ambiental y criminalizar la protesta, siguiendo la línea establecida primero por Juan Schiaretti y continuada luego por Martín Llaryora, mediante la justicia adicta al poder político provincial. Los imputados que son citados a declarar en estos días se suman a la lista de luchadores ambientales procesados por el PJ provincial en los últimos años. 

El peronismo cordobés fue uno de los precursores de la política que desarrollan tanto el gobierno de Javier Milei como distintos gobiernos provinciales, de armar causas contra el movimiento piquetero y desarrollar una persecución política en contra de las organizaciones sociales y de lucha, lo que incluye también a los ambientalistas. Ya en 2023, Schiaretti impulsó el armado de una causa contra seis dirigentes piqueteros y gremiales los que fueron imputados -luego de una marcha contra el hambre y en reclamo de aumentos salariales- por “obstrucción de los servicios públicos y resistencia a la autoridad”.

La necesidad de enfrentar las políticas represivas y la criminalización de la protesta es clave para defender las reivindicaciones populares. Esa comprensión es la que estuvo presente en el cuestionamiento al protocolo de Bullrich y al accionar represivo de Llaryora el último 24 de marzo expresado en la columna que se movilizó en forma independiente denunciando la política del gobierno. También la voluntad de enfrentar estás políticas, se expresó en las grandes movilizaciones del 20 de diciembre, el 8 de marzo, en la marcha educativa del 23 de abril y en la movilización en las jornadas de paro que superó el carácter limitado que pretendía darles la burocracia sindical

La lucha ambiental, sindical, social y política, continúa. ¿Qué protocolos y qué delitos les imputará Llaryora y Milei a los docentes, no docentes y estudiantes que se preparan para no iniciar las clases y que se movilizarán el 23 de Julio? El camino que tenemos que seguir es el del frente único de todos los luchadores contra la persecución y criminalización de la protesta, para derrotar a los gobiernos de Milei y Llaryora, y sus políticas de hambre, miseria y represión.

Basta de perseguir a los que luchan. Basta de criminalizar la protesta social. Defendamos la lucha ambiental en las sierras de Córdoba y en todo el país. Vamos por una gran campaña por el desprocesamiento de todos los luchadores ambientales, piqueteros y del movimiento obrero y popular.

Córdoba: este 23, estudiantes y docentes a las calles en defensa de la educación y contra el gobierno de Milei

Vamos todes a la marcha e impulsemos la asamblea Interfacultades. –

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