Familiares de detenidas/os vienen organizándose y movilizándose debido a que, según la legislación vigente, una persona detenida no puede pasar más de las dos terceras partes de la condena dentro de las unidades penitenciarias, y debido a que en las cárceles bonaerenses no están dadas las condiciones de bioseguridad necesarias para proteger la salud de las/os detenidos.

En la Provincia de Buenos Aires hay alrededor de 15 mil detenidos/as que, según las sentencias del Poder Judicial, han cumplido con más de dos tercios de la pena impuesta y reúnen los demás requisitos para poder salir bajo libertad condicional. De acuerdo al relevamiento realizado por el Observatorio de Políticas Integrales en Cárceles Bonaerenses, el 43% de la población en contexto de encierro tiene penas menores a 5 años. Esto significa que se trata de una población vulnerable, que no ha salido ni a matar ni a violar, porque esos delitos tienen penas mayores, según explica el abogado que representa a las familias de detenidos/as.

Se suma al malestar ocasionado por el incumplimiento de beneficios correspondientes, el relato de familiares de situaciones de hacinamiento así como de desidia del servicio de sanidad penitenciaria, denunciando que no hay médicos, que no se atiende como corresponde a las personas enfermas y que no llegan los alimentos que les envían.

De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alak, a diciembre del año pasado había 51.725 internos y 24.000 plazas. Esta realidad implica una superpoblación del 120%, un brutal hacinamiento que constituye un cóctel explosivo en el actual contexto, debido a que se torna objetivamente imposible implementar las medidas de distanciamiento, de prevención y cuidado ante la circulación del virus.

Al declararse el aislamiento preventivo obligatorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo. También sugirió que se analicen las progresiones al régimen abierto para aquellas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal.

En Argentina, y particularmente en la Provincia de Buenos Aires, sucede exactamente lo contrario a lo recomendado por la CIDH.

En muchos casos, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas, según relatan familiares. Así en los casos donde, por ejemplo, la persona ya contaba con salidas transitorias, en lugar de buscar una alternativa como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del poder político y el Servicio Penitenciario Bonaerense, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro.

Por su parte, desde los organismos de Derechos Humanos se apoyó el pedido de familiares de detenidos/as haciendo especial hincapié en que “no sea para asesinos, femicidas, violadores o represores”. Importa destacar que casos como estos no se encuentran dentro de las cartas presentadas ante la Fiscalía General, el Magistrado de Funcionarios Públicos y la Corte Suprema.

El pedido de familiares tiene carácter de urgencia no solo porque se trata de un reclamo sobre derechos adquiridos, sino también porque las condiciones en las cárceles vienen empeorando debido a que las visitas y la recepción de productos están siendo obstaculizadas. Dichos productos suplían las necesidades de alimentación e higiene básicas que, entre otros, son derechos vulnerados constantemente en las cárceles por parte del Estado y sus personeros.

Bajo este régimen social, se plantea que la función que tienen las cárceles es de “reeducación social”. Sin embargo esta supuesta pretensión de “reeducar delincuentes” por parte de un Estado capitalista y sus gobiernos es pura hipocresía, siendo que es el mismo sistema capitalista (que ellos defienden) el que recrea en una escala cada vez mayor las condiciones sociales que llevan a la delincuencia, agudizando las contradicciones de clase y de opresión, y garantizando la impunidad del delito organizado por las cúpulas policiales, los funcionarios y amigos del poder. Las cárceles son la manifestación más pura y típica del encierro y la represión de una clase sobre otra, por lo que la superación del delito no se resuelve con un recrudecimiento del castigo, sino con la abolición del antagonismo entre las clases, dando paso a una sociedad en la que la existencia social sea el disfrute de la cooperación humana y no la lucha por la existencia y la subsistencia.

Reclamo de familiares

Las movilizaciones de familiares han puesto de manifiesto las pésimas condiciones de higiene en las que se encuentran las cárceles, la imposibilidad de mantener un distanciamiento por parte de los detenidos debido a la cantidad de presos hacinados, y la pésima alimentación, sumadas a la imposibilidad de recibir en tiempo y forma los víveres que sus familias les envían.

A su vez reclaman la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la excarcelación para delitos menores no violentos. Este pedido fue completamente tergiversado por los medios hegemónicos de comunicación, quienes instalaron que “querían salir todos”, generando polémica y repudio en las redes hacia la protesta de los internos. El reclamo apunta a la liberación de quienes están transitando el final de su condena, quienes pertenecen al grupo de riesgo y a las mujeres embarazadas o con niños pequeños.

También exponen el maltrato ejercido por parte del personal penitenciario, lo cual quedó claro en las distintas protestas desenvueltas en diferentes puntos del país, donde se reprimió dentro y fuera del penal.

Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial del estado y la salud de las/os detenidos, exigimos el inmediato cese de la represión y reclamamos al juez de ejecución de Dolores que escuche y que dé respuesta favorable al pedido de las/os familiares.