Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y la Asociación de Mujeres e Hijxs Familiares de Personas Privadas de su Libertad expresaron la profunda preocupación por la situación en la cual se encuentran quienes están alojados en los establecimientos carcelarios de la provincia. Hay un importante retroceso en la cobertura de derechos tales como el de la alimentación adecuada, el acceso a elementos de limpieza, la higiene personal y edilicia junto con otra serie de cuestiones básicas que no se están garantizando debidamente.

Este retroceso parece encaminarse a situaciones extremas que se vienen observando en cárceles del norte del país, acorde al modelo que parece querer implementar el gobierno nacional con su política antiderechos y de desprecio por la vida de las personas que se encuentran privadas de la libertad. No vemos preocupación en el Ejecutivo provincial, ni en las áreas a las que les corresponde velar por estas cuestiones, como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que debería estar poniendo palabra y gestionar soluciones.

En las cárceles de la provincia falta alimento y la calidad es cada vez más deficiente; no hay medicación indispensable para diferentes patologías mientras se entregan psicofármacos a demanda y sin el debido seguimiento; las personas privadas de la libertad no acceden a turnos médicos; se desoyen indicaciones del Poder Judicial o pedidos de profesionales médicos respecto de prisiones domiciliarias, mientras la sobrepoblación no para de crecer.  

En estos últimos días no había papel higiénico ni para las personas privadas de la libertad, ni para el personal penitenciario. En esta emergencia ni siquiera se permite a los familiares abastecer a quienes se encuentran presos y presas, de elementos básicos y de primera necesidad. Mientras tanto, se habla falsamente de presupuestos millonarios por interno para el sostenimiento mensual. Si así fuera, debería transparentarse qué se hace con esos fondos y a dónde van a parar los alimentos que supuestamente se compran, pero nunca les llegan a las personas privadas de la libertad.

Esta circunstancia nos lleva a denunciar públicamente el agravamiento de las condiciones de detención en Tierra del Fuego. En la provincia tenemos poco más de 300 personas que están privadas de la libertad. En el caso de las mujeres no llegan a ser una decena; sin embargo, con un presupuesto que, proporcionalmente al número de habitantes muchas provincias envidiarían, el Estado fueguino no solo está en falta, sino que cada vez incumple más sus obligaciones de acuerdo a las normativas vigentes y a los estándares señalados tanto en el plano nacional como internacional, para garantizar los derechos.

Desde el Partido Obrero en el FIT-U, como integrantes activos de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, Tierra del Fuego, nos pronunciamos incondicionalmente en apoyo al genuino reclamo y a las iniciativas que surjan desde la Multisectorial y la Asociación de Mujeres e Hijxs Familiares de Personas Privadas de su Libertad. Denunciamos que el Estado y los sucesivos gobiernos son responsables directos de las muertes, las torturas y la violación sistemática de los derechos humanos más elementales. Exigimos justicia, verdad y reparación integral para las víctimas y sus familiares, y nos comprometemos a seguir en la senda luchando incansablemente por la defensa de los derechos humanos y la justicia social en la provincia.

Las falsas noticias de Milei en cadena nacional

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prensaobrera.com