Libertades democráticas
31/8/2026
En Neuquén formulan cargos por luchar por un lote de tierra para vivir
Criminalizan la lucha por la vivienda y la pobreza.
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La Justicia neuquina formuló cargos por el delito de usurpación contra tres compañeros/as que participaron en la toma del predio "La Rosa", una ocupación que se extendió durante ocho días y fue desalojada el pasado jueves 27 de agosto.
Yesica, Esmeralda y Ángel fueron imputados por el fiscal Juan Manuel Narváez bajo la figura de instigación a la ocupación. Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses y se dictaron medidas de coerción: los imputados deberán comparecer ante la Justicia periódicamente (mensual o quincenalmente, según el caso) y tienen prohibido acercarse al predio desalojado. Cabe destacar que el intento de la fiscalía de prohibirles comunicarse con otras personas no prosperó, al tratarse de un pedido sobre un universo indeterminado.
Las pruebas presentadas por la fiscalía revelaron un complejo operativo de inteligencia que incluyó intervenciones telefónicas, uso de drones y allanamientos. Este despliegue de recursos estatales se combina la realidad de los funcionarios judiciales, cuyos salarios superan los 15 millones de pesos, evidenciando el uso del aparato público para avanzar en la criminalización de la protesta.
La cruda realidad detrás de la ocupación
Durante la audiencia de formulación de cargos quedó expuesto el trasfondo de la problemática: se penaliza la lucha por la vivienda y la pobreza. Los testimonios de los acusados fueron contundentes: Ángel relató que vive en una habitación sin cocina en la casa de sus padres y está esperando un hijo; Yesica explicó que convive con sus tres hijos en el hogar de su madre; en tanto que Esmeralda describió una situación similar, señalando el riesgo inminente de quedar en situación de calle.
Ante la contundencia de estos testimonios tanto la fiscalía como el juez intentaron desvincularse de la criminalización de la pobreza. Sin embargo, la formulación de cargos confirma un objetivo estratégico claro: poner fin a los procesos de ocupación en un contexto donde los alquileres son inalcanzables y más de 600 personas viven en situación de calle en la región.
La lucha contra la criminalización
Lo ocurrido demuestra la necesidad urgente de poner en agenda la lucha contra la criminalización de la protesta. El gobierno intensifica la represión y la persecución, consciente de que la grave crisis social puede derivar en nuevas luchas y levantamientos; su intención es prevenir mediante la penalización.
Por todo ello es necesario rechazar esta criminalización, impulsar la lucha por el derecho a la tierra y la vivienda, y solidarizarnos con este reclamo.
