Agustín Romano Norri, concejal por la UCR de la capital tucumana, presentó un proyecto de ordenanza de corte represivo, para cercenar el derecho a manifestarse y prohibir los cortes de calles durante las protestas, con el supuesto objetivo de “garantizar” los derechos constitucionales de todos.

 

Según el proyecto, la determinación del lugar de la protesta quedaría bajo potestad del municipio –¿una plaza, un estadio?–; de no hacerse en esos lugares, se plantea que se lo haga por la vereda y respetando las “señalizaciones de tránsito y semáforos”. Para completar, se establece que si alguien viola estas disposiciones perciba multas de hasta $20.000 pesos, amén de alguna acusación de contenido penal. Pérfidamente, en las entrevistas concedidas en los medios de comunicación Romano Norri esquivó dar concreciones sobre los términos de la propuesta.

 

La gravedad inusitada de la iniciativa ha hecho que ediles de la fuerza política de Romano Norri tuvieran que salir a rechazarlo de palabra. No se trata, sin embargo, de un tiro al aire: el proyecto se sube a la cruzada antipiquete de Macri y Patricia Bullrich, y su aparición coincide con los mentideros de una reforma represiva del Código Penal, dirigida contra la movilización popular y consensuada entre el macrismo y los diversos sectores del peronismo (Pichetto, Bossio, Massa y Urtubey). La iniciativa ha conquistado la adhesión entusiasta del bussismo presente en el Concejo Deliberante (Tucumán a las 7, 23/4).

 

Sobran los motivos para las protestas que se quieren cercenar. En primer lugar, la situación social de la provincia de Tucumán se encuentra al rojo vivo: es el segundo distrito con peores salarios de todo el país, prolifera el trabajo en negro en todos los rubros y se desarrolla una pérdida creciente del poder adquisitivo. Recientemente se aprobó un aumento brutal del transporte público, con el voto positivo de Romano Norri.

 

A su vez, el proyecto represivo del concejal busca cuidar las espaldas de la UCR. Su cogobierno con el intendente Germán Alfaro en la capital, y sus arreglos con el gobernador Juan Luis Manzur, hacen agua por todos lados. Las denuncias sobre una faltante de 600 millones de pesos en la legislatura provincial, cuyos integrantes no pueden justificar, salpica a la todos los bloques, incluida a la UCR. Se entiende entonces la premura de impedir los reclamos sociales en las calles.

 

Rechazamos de plano este torpe intento de prohibir y criminalizar la protesta social. Es claro que eso sólo es funcional al ajuste de Macri, Manzur, Alfaro y compañía. Reivindicamos la lucha del pueblo como la única manera de enfrentar los atropellos con que se ataca a los trabajadores día a día.