El envío de tropas de Gendarmería y el espionaje y control social sobre el conjunto de la población a ambos lados de la cordillera patagónica, son parte de una escalada de un proceso que lleva varios años, durante los cuales se fue gestando, con argumentos y pruebas descabelladas, la teoría de un foco subversivo en la zona, centrado en las comunidades mapuches y la denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

Luego de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, el impulso de esta operación ha sido sostenida tanto bajo el gobierno de Macri como el del Frente de Todos, y el presidente Sebastián Piñera en Chile.

Uno de los hitos en esa campaña es el delirante “Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut” en diciembre de 2017. Un informe oficial que pretende demostrar que “la seguridad nacional” está amenazada por la “promoción de la lucha insurreccional” a manos de la RAM, y que incluía las movilizaciones por Santiago Maldonado ocurridas en CABA.

Esta sola afirmación linda con el ridículo, pero es solo el comienzo. En el capítulo II, denominado “armas utilizadas”, se exhiben una serie de fotografías que muestran dos carabinas y un revólver vetusto. Luego el “arsenal” se completa con cuchillos, destornilladores, martillos, serruchos, tenazas y una variada gama de herramientas típicas del trabajo rural. A lo que debe sumarse una sierra eléctrica y dos taladros con sus respectivos cables de toma de electricidad, es decir que sirven para una “lucha insurreccional” que no abarque más de dos o tres metros de radio.

Aunque parezca un sainete (y lo es), este informe sustentó gran parte de la campaña de demonización de las comunidades mapuches que reclaman por sus tierras usurpadas. Como también se sostiene en el informe que existe una financiación externa y ligazón con las FARC y hasta con las guerrillas kurdas, se exponen billetes secuestrados que consisten en $539 y un billete de 20 dólares.

El largo detalle de delitos que probarían la acción de “lucha insurreccional” reconoce como “la principal fuente de identificación” a “los volantes impresos, manuscritos o flyers, los cuales son dejados en los lugares donde comenten los ilícitos a modo de reivindicación de la autoría o bien, los difunden a través comunicados en páginas web”.

En ese cambalache discepoliano se mezclan casos de incendios de instalaciones y maquinarias, con casos de abigeato, caída de postes de tendido eléctrico, animales sueltos en la ruta pertenecientes a la Compañía de Tierras Sud Argentino (con actividad en cinco países) y toda una gama de cuestiones cotidianas que ocurren en zonas de explotación agropecuaria. Hasta los grafitis pintados en movilizaciones a Plaza de Mayo. Diversas charlas públicas sobre la lucha de las mujeres kurdas en Rojava o presentaciones de libros sobre el particular, son la prueba elocuente de la injerencia de las guerrillas kurdas del PKK en nuestro país.

Otra prueba sería que Jones Huala y otros detenidos de la comunidad mapuche posan en los tribunales con las manos en alto y el puño cerrado, algo que se caracteriza como “típico del anarquismo”.

La injerencia de las FARC están sustentadas en los informes a un diario del jefe de la policía de Colombia. Con este nivel de “seriedad”, el gobierno nacional y tres gobiernos provinciales, la Gendarmería, los servicios de inteligencia, las respectivas fiscalías, jueces y todo el aparato estatal, fue creando un relato  para llegar a la conclusión que la “seguridad nacional” está bajo amenaza armada.

Redoblan la campaña a pesar del derrumbe de su teoría

Uno de los más entusiastas promotores de la teoría de la “lucha insurreccional” es el fiscal general de Neuquén, José Gerez. Este fiscal acaba de reunirse en la zona limítrofe del Paso Icalma (en la zona de Pehuenia) con funcionarios y fuerzas militares de Chile. El encuentro estuvo motivado por la “preocupación por el accionar de algunos violentos muy cerca de nuestra frontera”, dijo el fiscal de Neuquén. Hace dos años atrás se reunió con su par de Chile para firmar acuerdos de “trabajo conjunto”, en ese mismo sentido.

El hecho que el gobierno nacional y provincial no tengan la menor contradicción con un derechista confeso y represor de la rebelión popular como es el presidente Piñera, coloca sobre la mesa que asistimos a una especie de un Plan Cóndor de las “democracias”, que emula al que ejecutaron, en todo el sentido de la palabra, los Videla y los Pinochet a ambos lados de la cordillera.

Justificar este ¿nuevo? Plan Cóndor es la razón de ser del informe de 2017. Sin crear en la conciencia de una parte de la población que estamos ante un ejército, armado, con conexiones y apoyos internacionales, los crímenes contra los Rafael Nahuel de uno y otro lado de los Andes quedarían expuestos a los ojos de las grandes masas como lo que son: crímenes de Estado en defensa del gran capital.

La elaboración de un informe de cuatro Estados, con el nivel de delirio manifestado, da la razón a la opinión de la Confederación Mapuche de Neuquén, quienes sostuvieron en su momento que la RAM “no existe, es una construcción de los servicios de inteligencia” (LMN, 20/12/2017).

En el mismo sentido va el fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, quien en 2019 (dos años después del delirante informe), archivó una causa donde se le imputa a varias personas cometer dos de los hechos adjudicados a la RAM que fundamentan la teoría del informe de los cuatro Estados. Todos fueron, además, sobreseídos.

Los fundamentos para el archivo de la causa y el sobreseimiento prodigan un golpe certero a la frondosa imaginación de la fiscalía neuquina acusadora y a los delirios del informe de marras: “… ninguno de los elementos evaluados por la justicia local permite sostener que los investigados estén vinculados al grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche -R.A.M-, ni mucho menos que alguno de ellos cometieran los hechos vandálicos materia de pesquisa. Sostuvo además -como lo hiciera su par barilochense- que la participación de las personas investigadas en marchas a favor de la liberación del líder mapuche Francisco Facundo Jones Huala, no alcanza para sostener fundadamente que sean parte de esa agrupación y, menos aún, que como presuntos miembros de la organización, hayan sido quienes cometieran los hechos vandálicos acaecidos en esta ciudad”. Lapidario.

La insistencia en estos días, y la reactivación de la campaña y la militarización, responden al pánico a la reacción popular ante la barbarie social que esos propios Estados promueven y ejecutan. El Partido Obrero y el Polo Obrero marcharemos junto a la Multisectorial contra la instalación de una base “humanitaria” financiada por el ejército de Estados Unidos, con la plena convicción que la base y la militarización, así como los “carpetazos” del Ministerio Público Fiscal contra quienes movilizamos, están plenamente conectados.