En una resolución escandalosa el juez Guido Otranto, que fue apartado de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, le otorgó la posibilidad de ser querellante al subalférez Emmanuel Echazú, uno de los gendarmes incriminados en la desaparición del joven el 1 de agosto de 2017, hace ya 73 días. El gendarme, que fue uno de quienes llegó a la orilla del río Chubut y que, según los testigos de la comunidad mapuche Pu Lof, formó parte del grupo que lo golpeó y detuvo para que luego nada se supiera de él, es ahora miembro acusante en la causa que investiga el corte de ruta de los mapuche sobre la ruta 40. Ese día los manifestantes protestaban por la detención de Facundo Jones Huala, cuya extradición pidió el Estado chileno y que se encuentra preso en la cárcel de Esquel, y su corte fue reprimido por el mismo juez Otranto.

 

“Es vergonzoso que el juez Otranto haya aceptado que el gendarme sea parte querellante por el corte de ruta", dice a Prensa Obrera Liliana Alaniz, miembro de APEL y querellante por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. "Es la posición de un juez apartado de las causas que investigan la desaparición de Santiago, que no sólo fue apartado por su incompetencia sino por su determinación para defender la impunidad de la Gendarmería. Aceptar que una persona que podría ser un actor de la desaparición de Santiago sea querellante confluye con la necesidad del gobierno nacional de poner el eje en la comunidad mapuche. Se los intenta criminalizar como responsables de las lesiones que habría sufrido Echazú, una de las personas implicadas en la acción represiva que culminó con la desaparición de Maldonado, represión ordenada por el mismo juez Otranto. Se trata de cambiar el rol de victimario para ponerlo en el lugar de víctima. Es funcional a la operación de encubrimiento e impunidad”.

 

Otranto fue apartado de la causa por diversas recusaciones elevadas por las partes que representan a la familia Maldonado y otros querellantes. Sin embargo, la recusación no alcanzó a la fiscal Sandra Ávila, que se mantiene interviniendo en las causas de hábeas corpus y desaparición forzada de Maldonado, que quedaron a manos del juez Gustavo Lleral. La esposa de Otranto es la secretaria de Ávila, dato que no debe ser menoscabado.