La Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó un informe sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires y pide “debatir” la pena de prisión perpetua. Para el organismo, las sucesivas reformas a la legislación penal argentina que elevaron la pena máxima con accesorias hasta los 50 años de detención están reñidas con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al impedir, por la duración extrema de las penas, toda posibilidad de “reinserción social” de los condenados.

La CNPT se refiere concretamente a las reformas introducidas bajo la presidencia de Néstor Kirchner con la “ley Blumberg” del 2004 , que subió la reclusión perpetua para algunos delitos a los 35 años de detención y la posterior reforma del 2017 con Macri como presidente que extendió las penas a 50 años de cárcel. En el informe mencionado se destaca la actualidad del debate teniendo en cuenta la resonancia mediática que tuvieron los juicios por el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de una patota de rugbiers, y el brutal crimen del niño Lucio Dupuy víctima de la madre y su pareja. En ambos juicios, las penas resueltas por el tribunal equivalen a una reclusión de por vida.

¿Qué dice el informe de la CNPT?

El 30% del total de los detenidos con penas de prisión perpetua son presos de la provincia de Buenos Aires. En números, y a diciembre del 2021, son unos 750 presos sobre los casi 2.500 que purgan esa pena en todo el país. Para dimensionar y poner en contexto el informe, la población carcelaria bonaerense total asciende a 54.000 detenidos, más de la mitad de las 100.000 personas privadas de su libertad (un récord) en todo el territorio argentino. Si se comparan los datos del 2020 contra el 2021 se pasa de 284 a 306 presos por cada 100.000 habitantes de la provincia, lo que equivale en un año a un incremento de casi el 8%.

En línea con la composición total de la población bajo “custodia” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el 90% de los condenados a perpetua pertenecen a sectores sociales de bajísimos recursos económicos y sin estudios. Pero además , un estudio más actualizado, que data del 2022, señala que la violencia en las cárceles de la provincia de Buenos Aires arroja el escalofriante número de 45.500 denuncias por abusos y torturas cometidas por los penitenciarios del SPB. Entre estos abusos se cuentan la falta de acceso de los detenidos a la justicia, la carencia de visitas familiares y el déficit crónico de atención sanitario, que es una de las principales razones de muertes en las cárceles.

A esto se suma el completo hacinamiento en las unidades de detención, denunciado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que retrata a un régimen carcelario inhumano y de destrucción física y psicológica de los detenidos. La función de estos castigos es la de disciplinar a los presos como mano de obra dispuesta y cautiva para los ilícitos que asocian a la Bonaerense con las grandes bandas criminales. Vale recordar que el impedimento a los condenados a perpetua para gozar de una salida condicional -antes del cumplimiento total de la condena- no rige para los casos de desaparición forzada.

Por otra parte, el 51% de los más de 50.000 presos que se reparten en las cárceles, comisarías y alcaidías de la provincia no tienen sentencia firme y arrastran procesos judiciales inconclusos y de larga data. Al infierno carcelario se suma un sistema judicial que no garantice los derechos a defensa y prolonga durante años la falta de sentencia firme.

Maldita policía

Según la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) fueron 199 las víctimas producidas por las fuerzas de “seguridad” en el año 2021, un eufemismo que delata el gatillo fácil y la impunidad policial. Esta es la maldita policía que alaba Sergio Berni y que se queda con la parte del león del presupuesto provincial que pactaron Kicillof y Juntos en la Legislatura. La sobrepoblación carcelaria, que pasa el 100%, agrava las durísimas condiciones de detención y facilita el control de los pabellones por los pesos pesados de las bandas, y las presiones de los penitenciarios.

El debate sobre la perpetua que promueve la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, y las denuncias de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) son de enorme importancia frente a la oleada derechista que pide mayores penas y represión social. El kichnerismo es parte de esa ola como lo demuestran las declaraciones de Berni pidiendo copiar el “modelo Bukele” y las de César Milani exigiendo la reforma de las garantías constitucionales. En el fondo de la mira no están los jefes narcos, que siguen manejando los negocios y la financiación cómplice a los políticos capitalistas, sino los luchadores obreros y populares que se movilizan contra el ajuste del FMI, y los trabajadores que se plantan para destruir los bunkers de los narcotraficantes.

Fuera Berni

Estamos en presencia de un régimen carcelario que reproduce las desigualdades sociales y jurídicas propias del sistema capitalista y que ejerce violencia estatal contra sectores que en su enorme mayoría son provenientes de la clase obrera y de las capas más pauperizadas y lumpenizadas por el capital. Como socialistas repudiamos y rechazamos la violación de los derechos humanos en las cárceles y denunciamos el contenido clasista de esta institución que es un pilar del Estado capitalista. Este 23/3 en La Plata y el 24/3 en CABA también marchamos para que se vayan Berni y su maldita policía.

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