En los últimos días, La Nación y Clarín difundieron parte de las escuchas ilegales que el juez Guido Otranto realizó sobre las comunicaciones que mantenían familiares y amigos de Santiago Maldonado mientras estaba a cargo de la causa por su desaparición. 

Las escuchas se detuvieron a partir de la llegada de Gustavo Lleral a la causa en reemplazo de Otranto, recusado por la familia Maldonado. Pero, desde ese momento, el material estuvo en manos de Lleral y fue utilizado por el gobierno nacional para abonar la ofensiva que mantiene contra los mapuches, a quienes acusa de haber montado un plan para perjudicarlo.

Recién en el mes de mayo de 2018, y producto de una “filtración” realizada por el diario La Nación sobre su contenido, Lleral planteó que las escuchas eran ilegales y debían ser destruidas y desechadas de la investigación. Por su parte, la fiscal Silvina Ávila –que actúa en tándem con Otranto– apeló la decisión. El gobierno pretende valerse de esas grabaciones para imputar por “falso testimonio” a siete testigos de los hechos.

Para sostener esta campaña infame, los diarios antes mencionados difundieron la transcripción de conversaciones que habrían mantenido Sergio Maldonado y miembros de la comunidad mapuche, en las que el hermano de Santiago reclama que vayan a declarar en la causa.

Se trata de una operación que el poder político está llevando adelante para deslindar responsabilidades por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Estas maniobras se suman al pedido de cambio de carátula de “desaparición forzada” a “muerte dudosa”. Macri y Bullrich pretenden que el caso se resuelva exonerando de responsabilidades a Gendarmería nacional y a los funcionarios del gobierno, en especial del Ministerio de Seguridad. La tesis de que Santiago Maldonado “se ahogó” pretende ignorar las condiciones y causas que llevaron a su muerte. A su vez, la difusión de discusiones privadas entre Sergio Maldonado, que se puso al frente de la lucha por justicia para su hermano, y los referentes mapuche, apunta a erosionar el amplio apoyo popular que tiene la causa por Santiago Maldonado y a difuminar la denuncia de la responsabilidad estatal en su muerte.

Las escuchas no modifican un ápice el desarrollo de los hechos. Santiago Maldonado murió en el marco de un operativo represivo ilegal, ejecutado por Gendarmería nacional y comandado por Pablo Noceti, entonces mano derecha de Bullrich. Un centenar de gendarmes ingresaron al predio de la comunidad a los tiros y piedrazos contra apenas una decena de manifestantes. Luego de eso, Santiago Maldonado permaneció 78 días desaparecido. El gobierno nacional promovió hipótesis y líneas investigativas que negaban su presencia en el corte, negó los testimonios de quienes habían estado con él en el corte, lo ubicó en cualquier punto geográfico que no fuera Pu Lof para negar su presencia e inventó todo tipo de teorías (que estaba vivo y oculto en la zona, que había muerto antes del corte de la Ruta 40, que estaba de paseo por diversos puntos del país, etc). El cuerpo de Santiago Maldonado apareció en el rio Chubut, en el lugar de los hechos, casi tres meses después.

La difusión de las escuchas es una maniobra la lucha por verdad y justicia en el caso Maldonado y debe ser repudiada. Es, además, un ataque al conjunto de las comunidades mapuche que luchan contra el despojo y la contaminación de sus tierras a manos de los terratenientes que reinan en la Patagonia argentina como los Benetton, los Lewis, y en favor de las petroleras y agroexportadoras que explotan los recursos estratégicos de las tierras del sur.