Pasaron cinco meses desde el inicio del ‘megajuicio’ Esma II, donde se juzga a 67 genocidas -siete de ellos por los vuelos de la muerte- por un total de 789 víctimas. Se escuchará a más de 830 testigos en los dos años proyectados para arribar a la sentencia. Apel representa en la sala de audiencias a la querella colectiva que conforma Justicia Ya!

El desarrollo de este tercer juicio por la Esma es una radiografía de la pereza estatal a la hora de impulsar las causas, así como de la impunidad de la que todavía gozan militares y civiles que participaron del genocidio.

Prisiones domiciliarias

El juicio comenzó con nuestro pedido de revocatoria de las prisiones domiciliarias de los acusados. El 40 por ciento de los genocidas goza de este beneficio. Fuimos la única querella que hizo esta petición. Luego, se hizo público que el represor Jorge Magnacco burlaba sistemáticamente su prisión domiciliaria (se fue de shopping a la salida de una audiencia). Aunque los agentes del kirchnerismo pusieron el grito en el cielo, no pidieron la revocatoria.

Juan Alemann

Carlos Lorkipanidse, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, una de las víctimas a quienes representamos, describió la presencia de Juan Alemann, secretario de Hacienda bajo la dictadura, en la Esma, donde fue recibido con honores por los genocidas y acompañó la sesión de torturas a uno de los secuestrados, Orlando Ruiz. Lorkipanidse declaró que “Alemann no era un visitante más que llevaban a ver la escuelita del horror, era el jefe de todos los demás, le rendían homenajes”. Nuestra querella hizo expresa reserva de solicitar la ampliación de indagatoria del ahora imputado Juan Alemann. Es el primer funcionario civil de la dictadura que podría ser condenado, a casi 40 años del golpe.

Los espías de la dictadura

La querella de Justicia Ya! solicitó que se llame a prestar declaración indagatoria a los 403 integrantes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que actuaron en el período 1975/1983. Esos nombres surgen de un informe del Ministerio de Defensa, que ofrece una lista de oficiales, suboficiales y personal civil que perteneció al SIN. El gobierno nacional cuenta con esta información desde hace tres años, pero no impulsó ninguna medida. Es lo esperable de un gobierno que mantiene una férrea alianza con Gerardo “601” Martínez, buchón del Batallón 601 y líder de las patotas de la Uocra.

Las víctimas y las asociaciones de derechos humanos han tomado el trabajo de cruzar la información entre los ‘testigos’ presentados por los defensores y ese listado de espías para denunciar su complicidad y llevarlos al banquillo de los acusados. Así ocurrió con la declaración de Alcayaga, un integrante del SIN que la defensa pretendió introducir como testigo y fue denunciado por nosotros en el acto.

El papa Francisco

Mientras el kirchnerismo ‘descubría’ con regocijo que el papa Francisco era peronista (aunque lo fuera de la derechista Guardia de Hierro), su nombre está presente en el juicio Esma. Hace pocos días, varios testigos (entre ellos la hermana del cura Yorio -secuestrado y torturado en el ’76- y otras catequistas) ratificaron en el estrado que Bergoglio les retiró toda cobertura a los sacerdotes Yorio y Jalics, aun a sabiendas de que sus vidas corrían peligro. Junto a los dos curas, fueron secuestrados y llevados a la Esma otros siete jóvenes. Ayer y hoy Por medio de la lucha, se logró que las declaraciones testimoniales tuvieran una correlación cronológica. A esta altura, abarcamos desde el 24 de marzo de 1976 hasta junio de ese año inclusive. De esas declaraciones, hemos recabado al menos 25 casos que no fueron objeto de ningún proceso judicial anterior.

Estamos presentes en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.