Desde hace un mes se están llevando adelante juicios a dos asesinos de la dictadura, los ex policías Miguel Angel Etchecolatz y Julio Simón, el “Turco Julián”. Son los primeros juicios desde la anulación de las “leyes del perdón” (Obediencia Debida y Punto Final), y todo indica que los acusados serán condenados. Después de treinta años se volvieron escuchar los testimonios desgarradores de algunas de las víctimas de estos torturadores. Que esta gente se pudra en la cárcel y que los compañeros a los que pretendieron convertir en despojos inhumanos estén en el papel de acusadores, en muchos casos coronando una tarea de tanto tiempo, no deja de ser una reivindicación y un homenaje a todos los que lucharon durante treinta años contra estos criminales y su régimen, y a los caídos por obra de estos asesinos.

Pero la pretensión oficial de que “no hay pacto con la impunidad” (La Nación, 23/6) es mucho más que discutible. Es una hipocresía. Si estos juicios quedaron habilitados con la anulación de las leyes de la Obediencia Debida y el Punto Final, no hay que olvidar que su función original fue parar las extradiciones de genocidas reclamadas desde España.

De los 1.100 represores acusados por el genocidio (en realidad fueron muchísimos más) ya murieron sin castigo alrededor de un tercio, sólo un porcentaje menor al 10% está procesado y los que fueron condenados cumplen sus penas en unidades militares o en su domicilio. ¿Se acabó la impunidad? Acaban de ser absueltos cuatro policías asesinos y torturadores de una joven de Florencio Varela, Andrea Viera, a la que sometieron a torturas propias de los grupos de tareas. Los “escuadrones de la muerte”, las torturas y apremios ilegales en las comisarías demuestran la preservación de esa maquinaria represiva. Treinta años después, los servicios siguen espiando y haciendo de las suyas.

Festejamos las condenas de los asesinos como Etchecolatz, violadores y secuestradores de niños. Pero no olvidamos que el régimen constitucional asimiló las instituciones vertebrales de la dictadura militar. Por eso mantuvo la continuidad de la casta militar de la dictadura, de la burocracia civil del Estado, del aparato y personal judicial, y la mayoría de la legislación dictada por las dictaduras de 1966/73 y de 1976/83. Kirchner fue y es parte de ese mismo régimen. ¿No era que hay que tener “memoria”?