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El primer trimestre de 2010 muestra un recrudecimiento de la persecución de trabajadores y militantes por medio de la aplicación del código penal (elevación a juicio contra los trabajadores de Metrovías, Gráfica FP, Casino, detención de Martino, desocupados de Las Heras, etc.) y del código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, el gobierno de Macri ha puesto en pie nuevas fiscalías, que estrenan mobiliario e infraestructura, al servicio de su objetivo de limpiar las calles de la ciudad de manifestantes y cortes.

La contravención estrella que se aplica contra los luchadores es la de "obstrucción de la vía pública", figura que abarca no sólo cortes sino cualquier movilización que no haya solicitado autorización.

Para realizar este trabajo no ha necesitado de la Policía Metropolitana, es la Policía Federal la que informa e insta la acción ante las fiscalías de los hechos, además de presentar toda la base probatoria, entre la cual da la identificación de los autores.

¿Y cómo identifica a los autores? A través de la realización de inteligencia en las distintas organizaciones políticas y populares.

El informe policial se adjunta con fichas de los "supuestos" infractores, obtenidas en forma previa, en la que constan los datos personales (DNI, nombre de los padres, domicilio, inscripción de Afip), con fotografías del rostro, tomadas cuando se trata de dirigentes o referentes en forma previa al hecho investigado o de imágenes existentes en la red.

Las tareas de inteligencia no terminan allí, se agrega un informe obtenido mediante un proceso de visita a los sitios web, donde se rastrean fotos, datos de pertenencia y participación en otras movilizaciones o actos políticos de los investigados.

El macrismo no necesita de Ciro James y Fino Palacios para hacer inteligencia en la ciudad: la Policía Federal de Aníbal Fernández y los Kirchner le hacen el trabajo sucio.

Una muestra más de los vasos comunicantes entre los K y Macri.