-Exclusivo de internet

El domingo a la madrugada, una joven menor desaparece a la salida de una bailanta. Una testigo, denuncia desde el primer momento que la vio caer dentro de un pozo de las cloacas.

Pero la Brigada de Investigaciones de Tartagal, detiene a sus amigos, todos jóvenes de la comunidad chorote de la que formaba parte Evangelina, y con picana eléctrica, amenazas y golpes por varios días, los obliga a hacerse cargo de un supuesto crimen. Al detalle, la policía construye la historia que desvía la investigación.

El juez desprecia el testimonio de la única testigo que dice que vio como caía en la boca de registro del sistema de cloacas que la empresa Aguas del Norte dejo sin tapa por muchos meses. También hace oídos sordos a las denuncias de los jóvenes que denuncian las torturas. Una de ellas pierde un embarazo de tres meses por los golpes…

El cuerpo de Evangelina apareció seis días después en las cañerías de las cloacas pero a 700 metros de donde supuestamente había caído. La forma en que murió está todavía muy oscura. Lo que está claro es la intención de la policía de desviar la investigación apelando para ello a la tortura. Los móviles de esta conducta pueden ser varios: una tentativa de absolver a la empresa Aguas del Norte que dejo abierta esta tapa; una muerte vinculada al narcotráfico o a los “negocios de la noche” de las bailantas de Tartagal, en donde la policía talla fuerte (hace un tiempo se descubrió que un jefe de la brigada era narco).

Desde las bancadas del PO venimos denunciando desde enero diversos casos de represión y de gatillo fácil. En este periodo hemos convocado a familiares de siete casos impunes y se ha constituido una Comisión de Familiares contra la impunidad.

La muerte de Evangelina fue la gota que colmo el vaso, por eso logramos imponer en la Legislatura la convocatoria al ministro para esta semana y el viaje de una comisión de diputados que se entrevistó con las víctimas, con el juez, el fiscal y los jefes policiales.

La comisión recibió también la denuncia de la joven Fernández, de 14 años, detenida y agredida con gas pimienta y golpeada por la Policía.

Además, tres puesteros de la zona de Morillo, denunciaron que fueron detenidos luego de haber reclamado trabajo en la compañía petrolera Wic UP, a la que también cuestionaron por los efectos ambientales de las picadas de 8 metros de ancho que la empresa realiza, afectando el escurrimiento de las aguas. La detención tuvo las características de un secuestro ya que fue realizada por policías que salieron a cazarlos, usando vehículos de las empresas petroleras.

Quedó en evidencia, una fuerza sometida a los intereses de las petroleras que contratan masivamente “adicionales” con la que la policía de la provincia hace caja y los agentes completan sus bajísimos salarios (sólo en la refinería de Refinor trabajan 50 policías).

La de Urtubey es la misma policía brava de Romero, la que mató a Aníbal Verón y otros cuatro compañeros durante las puebladas de 2000 y 2001 en el Norte.

Las reformas que presenta como la democratización del sistema: la creación de un fiscal de causas policiales o el “juez (de Garantías) cuida presos”, producidas ya en los últimos años de Romero, no han cambiado el cuadro de impunidad reinante. Esto es así al punto que el procurador general de la provincia acaba de reconocer que están paradas las causas contra la policía.

Se anuncia incluso la eventual eliminación de la fiscalía de Causas Policiales y se conoció que la Corte de Justicia (integrada entre otros por Ferraris y Cornejo, dos de los represores del romerismo) ha emitido distintas resoluciones que le quitan a este fiscal toda posibilidad de avanzar efectivamente contra los policías denunciados.

Imponer el Juicio y Castigo a los responsables de la tortura y el gatillo fácil policial es parte de la lucha para desmantelar este aparato represivo que, con Urtubey como con Romero, es una guardia especial de las petroleras y los ingenios y vive de las cajas negras del narco tráfico, de los negocios de la noche y de la venta de alcohol.