Luego de los reclamos de los internos durante el mes de abril, la situación carcelaria continúa en primer plano. Es por eso que se convocó a una charla-debate para discutir la perniciosa política del Estado para las personas privadas de libertad frente a los primeros casos de Covid-19 detectados.

De la charla participaron Matías Isequilla, abogado, docente universitario, asesor legal del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla) e integrante de las mesas de negociación de Devoto; Gabriela Sosti, fiscal a cargo de causas por delitos de lesa humanidad, actualmente en las de Campo de Mayo, y Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y legislador del Frente de Izquierda-Unidad en Capital Federal.

Durante la actividad se discutió sobre la situación actual de los internos en los distintos penales. Las exposiciones clarificaron cómo la situación en las cárceles, superpobladas y en condiciones inhumanas, son preexistentes a la pandemia. El Covid, como sucede en distintos ámbitos, profundiza y pone de relieve situaciones que de antemano eran insostenibles y que en el marco de la situación en la que vivimos se tornan desesperantes.

Los internos siguen sin la atención médica adecuada, sin testeos y sin los elementos de higiene necesarios y recrudece su aislamiento, ya que se suspendieron las visitas. Por el momento, la respuesta del Estado ha sido solo “comprometerse” a atender la situación. Habiendo pasado más de un mes, no solo que la situación no fue “atendida” sino que empeoró, en la medida de que aparecieron varios casos positivos en distintos penales, y fundamentalmente en Devoto, que fuera el foco del conflicto.

Por otro lado, también discutimos sobre la situación de las domiciliarias que fueron otorgadas a los genocidas. Vale aclarar que, previo a la pandemia, medio millar de genocidas ya contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria -representando al 70% de los acusados por crímenes de lesa humanidad. La pandemia sirvió, tras una bajada de línea del Ministerio Público de la Defensa, para seguir otorgando el beneficio a estos criminales: cerca de 20 genocidas han sido liberados desde que comenzó la cuarentena, y en la mayoría de los casos no se verificó correctamente que hubiera un peligro a la salud y que el tratamiento no pudiera ser suministrado puertas adentro. Este accionar muestra el rol de la justicia y del poder político, favoreciendo mediante arbitrariedades y amiguismos a seres despreciables, condenados por crímenes que de ninguna manera pueden ser pasibles de estos tipos de beneficios, y que deben pasar el resto de sus días en una cárcel común.

Finalmente, discutimos la orientación de clase del Estado a la hora de estigmatizar y criminalizar a un sector de la población, la de más bajos recursos, que llena las prisiones de este país, muchos de ellos sin condena firme. Ello mientras los verdaderos saqueadores de las arcas públicas, los verdaderos responsables de las miserias sociales que muchas veces llevan a determinadas personas a cometer delitos, siguen libres viviendo sus vidas con lujos y comodidades incalculables. Sobre este tema, Gabriel Solano destacó que la idea de construir más cárceles no es la solución, y que el problema radica en un régimen social que no tiene para ofrecerle a las grandes mayorías populares más que miseria y barbarie. Aportó en este sentido un dato sobre la Provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, cuya población carcelaria se duplicó entre el 2008 y el 2018, en sintontía con una tendencia mundial.

La charla, que fuera transmitida desde el Facebook de la agrupación La Causa, de la Facultad de Derecho de la UBA, tuvo una importantísima convocatoria, con saludos que llegaron de todo el país celebrando la iniciativa, y decenas de preguntas a los expositores para profundizar el debate. A la luz de la convocatoria y las preguntas y aportes hechos, queda claro que es un tema que genera un interés enorme en distintos sectores y presenta riquísimos debates, siendo necesario darle una continuidad al desarrollo sobre el punto