La madre de Atahualpa Martínez, estudiante secundario y activista social y político asesinado en Viedma en 2008, murió en esta ciudad el pasado domingo.

Julieta luchó incansablemente hasta último momento para que el caso no quedase impune; al igual que el papá de Daniel Solano -otro emblemático caso de Río Negro- se fue sin poder vivir la justicia por su hijo.

El asesinato de Atahualpa, de 19 años, se dio en el marco de una seguidilla de aprietes y amenazas a diferentes activistas universitarios y sociales en la misma localidad y en la provincia.

Julieta estuvo a la cabeza del reclamo por el esclarecimiento de la causa; en el camino luchó y acompañó la lucha por justicia por Daniel Solano, Otoño Uriarte, Ezequiel Demonty, Natalia Melmann -entre otros casos que involucraron a jóvenes como Atahualpa.

Debió enfrentar a una justicia que entorpeció el caso escandalosamente, al punto de que hoy sigue irresuelto. Hubo un primer juicio en el que se absolvieron a los imputados Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo y Melisa Fernández Barrientos. En el medio, hubo peritajes que no se realizaron y la policía de Río Negro alteró el lugar donde fue hallado el cuerpo de Atahualpa. El juez Carlos Reussi demoró cuatro años en movilizar el expediente. Finalmente, el Tribunal Superior de Río Negro anuló la sentencia del primer juicio y ordenó la realización de un segundo juicio que debería comenzar este año –pero todavía no tiene fecha.

El calvario que deben vivir las familias para esclarecer casos como estos da cuenta de una provincia en el que el poder político y judicial mantiene relaciones estrechas con los responsables de los crímenes organizados -que tienen, en la mayoría de los casos, a la policía metida hasta los tuétanos.

Justicia por Atahualpa.

El Estado es responsable.