Por disposición de la jueza Mónica Berdión de Crudo, que lleva la causa por la represión en el Parque Indoamericano en 2010, fueron sobreseídos tres jefes de la Policía Federal y otros cinco de la ex Policía Metropolitana; entre ellos, su entonces jefe, el Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco) y otros 24 agentes de esta fuerza. Resultaron eximidos así de su responsabilidad por los asesinatos de los jóvenes Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las heridas por armas de fuego de otras cinco víctimas de la represión.

En la resolución, por la que se determina el único procesamiento al ex metropolitano Ricardo Andrés Picart por “homicidio” y “lesiones”, se establece que este actuó de forma individual, sin recibir órdenes de arriba y con cartuchos no provistos por la fuerza. 

Se busca eximir a los responsables políticos del violento operativo de desalojo de las familias en diciembre de 2010, que ocuparon el predio de Villa Soldati ante una crisis de vivienda que no ha cesado de crecer. Esto cuando la Federal y la Metropolitana actuaron de forma mancomunada, por orden del gobierno nacional de CFK y del porteño de Macri, disparando centenares de balas contra los ocupantes (tanto en el terreno como desde arriba de un puente) y persiguiéndolos a los tiros incluso cuando ya se había desalojado el predio. En ese sentido, la fiscalía y la querella habían acusado a Burzaco por su “responsabilidad por su calidad de jefe de la Policía Metropolitana, ya que en ese carácter tuvo una intervención directa en el control operacional del procedimiento de desalojo del Parque Indoamericano” (Tiempo Argentino, 21/3). La justificación de la jueza para su resolución da cuenta de un modus operandi: la magistrada tomó como antecedente el fallo de impunidad por la represión de la Sala Alberdi, donde “un tribunal oral resolvió a mediados del año pasado que todo había sido obra de otro policía loco que adulteró, también por las suyas, los cartuchos con postas de plomo” (ídem).

El fallo de Berdión de Crudo constituye, en la coyuntura actual, un espaldarazo judicial a las avanzadas represivas de Macri y los gobernadores oficialistas y opositores.