El viernes 15 de Septiembre, ante casi mil personas que se habían concentrado frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, se leyó la sentencia de la megacausa “Operativo Independencia”, la más grande hasta aquí realizada en la provincia.

 

Luego de más de un año y cuatro meses de audiencias, el Tribunal resolvió absolver, a pesar de las numerosas pruebas y testigos, a siete de los 17 imputados y condenar al resto -seis a prisión perpetua y cuatro a penas menores.

 

El fallo fue repudiado por los organismos de derechos humanos.

 

Ocurre que si bien la sentencia reconoce el inicio del terrorismo de Estado  en una fecha anterior al golpe, consagra un cuadro de impunidad que no puede separarse de la ofensiva represiva y pro-genocida que viene llevando adelante el gobierno nacional (negacionismo, 2×1, desaparición de Santiago, etc).  

 

Por caso, unos de los condenados a perpetua, el “Tuerto” Albornoz, que ya va por la quinta condena a perpetua, sin embargo se retiró del tribunal sin custodia, salió con su nieta y se tomó un taxi a su domicilio. Esta escena burlesca no es una excepción. La mayoría de los condenados gozan del sistema de “de vigilancia electrónica o arresto domiciliario”.

 

Aunque el Poder Judicial haya hecho lo imposible por acotar sus daños, la historia del Operativo Independencia pone en el banquillo a todo el Estado y al empresariado tucumano.

 

Operativo Independencia

 

El “Operativo Independencia” se desarrolló desde febrero de 1975 hasta marzo de 1976, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El objetivo ‘oficial’ de este Operativo era aniquilar a la guerrilla rural. Su despliegue puso rápidamente en evidencia que el objetivo real era militarizar la provincia para someter al proletariado azucarero y a la juventud tucumana, ante el temor a que se produjera un nuevo levantamiento popular, que replicaran los ocurridos años antes (los Tucumanazos), bajo la dictadura de Onganía, primero, y Levingston después. Como síntoma de las tensiones acumuladas, en 1974, se produjo una enorme huelga general de la FOTIA, que había escapado del control de la burocracia sindical y paralizado la provincia por casi 20 días.

 

“La entrada en operaciones del Ejército en el Noroeste del país es una clara manifestación de la colosal crisis que corroe al régimen político actual. Un gobierno, surgido del voto mayoritario de la población, apoyado por todos los partidos capitalistas y el stalinismo, tiene que apelar al concurso de las FF.AA. para contener la inevitable insurgencia de los explotados.”, señalaba en febrero de 1975 el periódico Política Obrera. Doscientos obreros azucareros que participaron como activistas o como dirigentes de esa huelga fueron secuestrados o desaparecidos (Taire, 2004).

 

 El resultado del Operativo Independencia fue el asesinato de varios centenares de personas (delegados, activistas obreros, juveniles, profesionales, campesinos, etc), miles de detenciones, violaciones, torturas y la puesta en pie de varias decenas de Centros Clandestinos de Detención, varios de ellos dentro de algunos ingenios y ex ingenios, como el Nueva Baviera, Santa Lucía, Fronterita, etc.

 

Del Operativo Independencia participaron miles de efectivos, tanto militares como gendarmes, policías y civiles (grupos de tareas) bajo la conducción del alto mando militar, primero de Vilas y luego de Bussi. Desde el gobierno de Isabel y todos los bloques del Congreso Nacional, pasando por el gobierno justicialista Tucumano de Amado Juri y todo los bloques de las cámaras de la legislatura provincial, todas  las cámaras empresarias, los medios de comunicación, las direcciones sindicales del peronismo, diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta el PC apoyaron el Operativo Independencia.

 

 Operativo Impunidad

 

 A lo largo de todo este proceso judicial un debate cruzó esta causa: la responsabilidad penal de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón. En 2012, pese a un pedido de un fiscal para su indagatoria, el Juez Federal Daniel Bejas (ex apoderado del PJ, puesto a dedo como juez por el kirchnerismo) no hizo lugar al procesamiento, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2014. Con la impunidad a la máxima responsable política se buscó preservar la impunidad de todo el arco político cómplice que apoyó el Operativo. Tampoco se procesó a los dueños de ingenios y a otros empresarios que sirvieron sus propiedades para que sean usadas como centros clandestinos de detención, torturas y exterminio.

 

Otro debate que se sucedió en paralelo a todo este proceso fue el de Milani, que en 2013 fue designado como Jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández. Milani había participado del Operativo Independencia y es responsable de la desaparición del conscripto Alberto Ledo. La fiscalía federal tucumana, sin embargo, no encontró pruebas para procesarlo, lo que en su momento fue motivo de un escándalo político. La impunidad de Milani en esta causa fue también parte de un proceso de impunidad que consistió en limitar el número de imputados –en un primer momento 311 “presuntos” imputados- a la veintena  que llegó a juicio oral alguno de los cuales se beneficiaron con el punto final biológico, entre ellos Vilas y el propio Bussi, con los que pactaron todos los gobiernos provinciales desde 1983 a esta parte.

 

 Para poder hacerle frente es indispensable que reforcemos nuestra lucha independiente por memoria, verdad y justicia para todos nuestros compañeros y por el juicio y castigo para todos los genocidas.

 

¡No nos reconciliamos, No olvidamos, No perdonamos!