Leonardo Santillán, padre de Darío Santillán, y Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano Kosteki, acompañados por los abogados de Apel y de APDH y por representantes del Frente Popular Darío Santillán y del Polo Obrero se reunieron el pasado jueves 18 con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La reunión había sido solicitada para exigir que se movilicen los pedidos que los abogados han realizado en relación a la causa que investiga las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda.

Durante la audiencia en la sede de la Procuración, los familiares expresaron ante Gils Carbó la impunidad sobre las responsabilidades políticas del crimen. Señalaron que doce de los trece años transcurridos desde los crímenes de Darío y Maxi, ocurrieron bajo los actuales gobiernos. Ni jueces ni fiscales impulsaron la investigación debido a la presencia de los acusados (Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Felipe Solá, entre otros) en las filas de las fuerzas políticas gobernantes. A tal punto que los fiscales que pasaron por la causa jamás intimaron a los distintos organismos de Seguridad implicados para que contestaran los oficios para que dieran cuenta de la cadena de mandos de las fuerzas que actuaron en la represión del 26 de junio de 2002.

La procuradora se comprometió a trasmitir a la fiscal actual del expediente, Paloma Ochoa, y a sumar recursos para impulsar la investigación.

La causa, en manos del juez federal Ariel Lijo, fue desarchivada a fines de 2014. En dos oportunidades anteriores también había sido archivada -en 2010 y 2012-, pero gracias al arduo trabajo de los familiares y compañeros de Darío y Maxi y de abogados que acompañan la causa, aun permanece abierta.