El pasado martes 13 de abril se llevó a cabo la primera audiencia de la causa judicial abierta por el Partido Obrero y José María Escobar contra el ministro Aníbal Fernández y el canal C5N. Concurrieron el periodista Eduardo Feimann y los representantes de Telepiú SA, la productora del programa que conduce por C5N.

Feimann y los suyos ofrecieron 30.000 pesos, a modo de “arreglo”, para dar por concluidas las acciones legales emprendidas por el PO. Es un reconocimiento de su responsabilidad en la difamación contra nuestro partido, vistas las abrumadoras pruebas aportadas por nosotros en su contra.

En septiembre de 2008, el ministro Fernández acusó en conferencia de prensa al PO y a nuestro militante José María Escobar por la quema de trenes del ex ferrocarril Sarmiento. El “periodista” hizo propias las infames imputaciones de Fernández desde la posición de poder de un noticiero de televisión, a la campaña de descrédito contra el PO y Escobar. Entre otras cosas, acusó a nuestro compañero de estar “prófugo” a pesar de haberse puesto a disposición de la Justicia desde el primer momento, y de “enseñarle a los chicos a quemar trenes” en el colegio donde se desempeña como preceptor; también al PO de practicar supuestos “ejercicios prerrevolucionarios” y de haber protagonizado “incidentes” que jamás se produjeron frente a la comisaría, donde se encontraban alojados los detenidos de aquella jornada. Estas diatribas fueron “desarrolladas” por C5N a lo largo de su programación durante varios días.

La “propuesta” de Feimann fue rechazada por nosotros. El reconocimiento de su responsabilidad dejó al desnudo el operativo orquestado desde el Estado para encubrir a los responsables del estado de los trenes del Sarmiento, el grupo de los hermanos Cirigliano (Plaza/TBA), entrelazados profundamente con los negocios de la camarilla presidencial. La patronal de C5N, una de las más beneficiadas en la distribución de la pauta publicitaria oficial, fue cómplice de este operativo. El gobierno y los dueños de C5N se valieron para ello del aparato del Estado y de los medios de comunicación.

Este episodio es más ejemplificador sobre la “polifonía de voces” que promete la “ley de medios” del kirchnerismo, que todas las pavadas juntas que puedan verter al respecto los plumíferos de Carta Abierta.

En las demandas civiles que impulsamos con el patrocinio de las abogadas Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), exigimos a C5N y al Estado un resarcimiento total equivalente a 2,5 millones de pesos, una cifra significativa para demandas de este tipo en la Justicia argentina. El objetivo es obtener la penalización del ataque político contra el PO, que en la sociedad capitalista sólo puede mensurarse económicamente. El resultado de la primera audiencia arroja un saldo favorable al Partido Obrero.