El lunes 9 de noviembre fue público el caso de José Falcón, un joven de 22 años de la localidad formoseña de Ibarreta, que fue detenido y duramente golpeado por efectivos de la policía, dejándolo en un estado grave y siendo trasladado al Hospital de Alta Complejidad como resultado de las graves lesiones que provocaron una falla en el funcionamiento de sus riñones, de acuerdo con los dichos de la madre. “Este hecho ocurrió hace dos semanas. Actualmente se encuentra internado y con asistencia hemodinámica, debido a una insuficiencia renal crónica”, agregó.

Testigos de la localidad cuentan que el joven se encontraba jugando a la pelota y que en un momento aparecieron los efectivos y lo agredieron, tanto a él como también a su hermano y a un vecino que trataron de defenderlo. Posteriormente lo trasladaron a una comisaría local y sin previo aviso a la familia lo llevaron a la ciudad de Formosa, en donde lo internaron por las severas heridas que presentaba.

Este nuevo caso de violencia policial no representa un hecho aislado. Hace un par de días se produjo la dura represión a la comunidad wichi por parte del gobierno de Insfrán, de manera que este suceso vuelve a dejar en manifiesto el abuso de autoridad que se vive, no solo en la provincia sino en todo el país y más aún en la cuarentena, en la cual se produjeron diversos casos de gatillo fácil, represión y brutalidad policial contra la clase trabajadora y la juventud. Sin olvidar que durante todo este periodo se intensificaron los atropellos y abusos.

No se trata solo de una descomposición institucional sino de una política de gobierno de disciplinamiento social en el marco de una profunda crisis. Esta es la policía que el gobernador Insfran reconoce y el ministro González festeja todos los días desde su conferencia por el Covid 19.

Por eso desde el gobierno están intentando encubrir a los responsables del caso. Por un lado, el director del Hospital Central de Formosa, el doctor Mario Romero Bruno, está tratando de instalar la idea de que el joven ya presentaba problemas previos y que están “investigando la causa de esa enfermedad renal”, en un claro intento de desligar totalmente a la policía como responsable de las graves lesiones causadas. Con la misma intención, desde la institución policial aseguran que el joven de 22 años y los demás detenidos “fueron examinados por el forense policial de turno que emitió el informe médico estableciendo que todos egresaban de la unidad carcelaria sin herida alguna”.

Desde el Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo denunciamos estos constantes agravios y violaciones a los derechos humanos y exigimos juicio y cárcel a los responsables del hecho, el Ejecutivo provincial y su ministro Jorge Abel González, así como el gobernador Insfrán, con una investigación sin ningún tipo de manipulación por parte del gobierno y la Justicia provincial.

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