Frente a la Casa de Chubut, exigieron el desprocesamiento de les luchadores contra la megaminería

La causa imputa a 16 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por defender el agua en Chubut.

Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía

Este martes organizaciones políticas, ambientales y de derechos humanos concentraron en la puerta de la Casa de Chubut para exigir el desprocesamiento de los activistas judicializados por defender el agua de la megaminería y el saqueo capitalista en la provincia, bajo la consigna “Luchar por el agua no es delito”. En Chubut se movilizaron al uzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

La causa imputa a 16 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por participar de una protesta que se realizó en mayo del año 2021, en la ruta nacional 3, cuando la Legislatura de Chubut decidió desestimar el proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscaba consolidar la prohibición de la megaminería en todo el territorio provincial.

Vale decir que la conflictividad social en Chubut por el avance del lobby megaminero ese año iba en aumento, culminando con las jornadas de protesta conocidas como el Chubutazo, uno de los hitos históricos mas importantes de la lucha socioambiental, gracias al cual se logró hacer retroceder a la legislatura y al gobernador Arcioni, y todo el staff político del PJ y de la oposición de derecha (JxC), que habían sancionado la ley de zonificación minera. La protesta por la que se judicializa a los luchadores fue un peldaño mas en esa escalera de conflicto.

Romina Del Plá, precandidata a senadora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, se hizo presente en la acción y sostuvo: “Quieren procesar a 16 vecinxs de Chubut que se movilizaron contra el saqueo del agua y el intento de imponer la megaminería, de la mano de Arcioni, el alfil de Sergio Massa.”

En Chubut, estuvo presente Santiago Vasconcelos, candidato a primer legislador provincial por el FIT-U y uno de los procesados por luchar. Lo acompañó Tatiana Dambrauskas, candidata a intendenta en Comodoro Rivadavia por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

Con esta causa, el gobierno de Arcioni, al igual que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, busca avanzar en la criminalización de la protesta para aleccionar a todos los sectores que luchan contra el ajuste al servicio del FMI, el saqueo extractivista y en defensa de sus condiciones de vida.

Esto ha quedado demostrado en Mendoza, con el encarcelamiento de dirigentes del Polo Obrero por luchar contra el hambre que promueve el gobierno de Suárez, y también en Jujuy, donde Morales, luego de meter presos a dirigentes del movimiento piquetero quiere avanzar en una reforma constitucional que, entre otras medidas reaccionarias, prohíbe el derecho a la protesta. Salta es otro ejemplo, donde el gobierno de Sáenz impulsa una ley antipiquetes.

Todas estas provincias, a su vez, son víctimas de una política prominera que impulsa el saqueo del litio, en el caso de Jujuy y Salta. En el caso de Mendoza, el pueblo ha logrado en 2019 la derogación de la ley cianuro, la cual reformaba la ley 7722, que prohíbe la utilización de materiales contaminantes (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etcétera), en favor de las megamineras. Todos los políticos capitalistas defienden los intereses mineros en detrimento de las condiciones de vida de la población.

Exigimos el inmediato desprocesamiento de los presos por luchar y el cese de la criminalización de la protesta social. Redoblemos la campaña por unificar las luchas.

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