El lunes por la tarde fue asesinado Luciano, un niño  de 8 años de la ciudad de Cutral Có, provincia de Neuquén. El deceso se produjo producto de una bala perdida de un enfrentamiento entre bandas, desatando  en las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul una movilización popular, que obligó a la policía a dar rápidamente con quien es sindicado como el autor del disparo. 

A partir del fallecimiento de Luciano, se impuso un paro espontáneo de las escuelas y otros organismos. La movilización  mostró el hastío de la población ante la complicidad de los gobiernos con esas bandas. Y luego se trasladó el reclamo a la ruta donde nutridos piquetes bloquearon todos los accesos y la destilería de Plaza Huincul. Especialmente cuestionado quedó el gobierno municipal de Cutral Có (que responde a Ramón Rioseco, del Frente de Todos), y también el de la colindante Plaza Huincul (que responde al MPN).

Un fiscal bolsonarista

El fiscal del caso, Santiago Terán,  reclamó la presencia de Gendarmería para requisar vivienda por vivienda para “purificar” la sociedad, defendiendo la pena de muerte.

El gobierno provincial trató de desligarse en plena campaña electoral de cualquier ligazón con la convocatoria a Gendarmería, incluso el Fiscal General apartó de la causa al fiscal bolsonarista.

Pero el MPN local logró colar la convocatoria en el petitorio que se elaboró en los piquetes y reclamó la restitución del fiscal al caso. Aprovecharon la indignación popular por el fallecimiento de Luciano para desarrollar toda una línea de represión contra las barriadas y la juventud diezmada por la desocupación y la dificultad del legítimo acceso a la educación.

La interna del MPN a full

Los intendentes ni aparecieron por los piquetes y solo atinaron a una reunión con la ministra de seguridad provincial. Dicha reunión concluyo básicamente en el compromiso de construcción de una nueva comisaría. 

El subsecretario de seguridad aclaró que 'ni sueñen' con la presencia de Gendarmería en los barrios, en la línea oficial de despegarse de cualquier emparentamiento con Bullrich y el gobierno nacional.

El jueves por la mañana finalmente se accedió a la presencia de Gendarmería en controles sobre la ruta nacional 22.

Una especie de compromiso para que todas las partes zafaran de una situación que de continuar podía desencadenar una real pueblada que se llevara puestos a unos y otros, incluida la Gendarmería como ocurrió en los ‘90.

Sucede que nadie se atreve a tocar los intereses de los jefes narcos a quienes conoce toda la población e, inclusive, dónde y cómo operan. 

Ambos Ejecutivos y el gobierno provincial son cómplices de estas redes y responsables directos de la creciente inseguridad que atraviesan nuestras localidades.

El Partido Obrero en el FIT-U preparó una agitación pública en los piquetes y la comunidad educativa repudiando el pedido de Gendarmería pero fundamentalmente, reclamando el desmantelamiento de las redes de narcotraficantes que proliferan en la comarca petrolera y que tienen profundos vínculos con el Estado, sobre todo con su aparato represivo. 

Nuestra tarea es organizar a los y las trabajadoras locales para rechazar la presencia de Gendarmería, que durante los 90 reprimió a los heroicos piquetes de las puebladas. Nada bueno puede resultar de la intervención en los barrios de una institución descompuesta por su cúpula, la cual tiene vasos comunicantes con el crimen organizado, algo de lo cual existen cuantiosos ejemplos.