Las torturas y muertes de personas que pasaron por el Centro Psicoasistencial, dependiente de la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Córdoba, implican un fuerte cuestionamiento a María Pía Guidetti, quien es la titular de la mencionada área de gobierno. Los casos de Ezequiel Castro y Matías Mariño expresan las violaciones a los más elementales derechos humanos que deben tener justicia.

María Pía Guidetti estuvo al frente de la Secretaría de Salud Mental durante la gestión de Juan Schiaretti, y continuó cumpliendo la misma función bajo el actual gobierno de Martín Llaryora. Esto a pesar de que ya habían tomado estado público las torturas y muerte en el Centro Psicoasistencial. La mencionada funcionaria llevaría décadas siendo parte de las gestiones de los sucesivos gobiernos del PJ.

Lo señalado es un elemento no menor, puesto que da cuenta de una política antiderechos y de desprecio por la vida de las personas eventualmente alojadas en el Centro Psicoasistencial, que viene siendo fuertemente cuestionado por el colectivo de organizaciones que organiza todos los años la marcha por la Salud Mental en Córdoba.

En este cuadro, está planteado que Guidetti sea citada a la Legislatura de Córdoba para que dé explicaciones sobre las muertes ocurridas en el Centro Psicoasistencial. Habrá que ver cómo continúa actuando el gobierno provincial, si sale en su defensa, o por el contrario la sigue sosteniendo en su cargo a pesar de las muertes en dependencias que están bajo su órbita.

Cabe recordar que Ezequiel tenía 21 años cuando fue detenido el 8 de junio del 2022, hasta el 12 de corriente mes la familia no supo nada de él, falleció el 14. Había pasado por en el Centro Psicoasistencial (CPA), dependiente de la Secretaría de Salud Mental, donde fue secuestrado, golpeado y torturado. Murió tiempo después en el Hospital Misericordia, según dieron cuenta organismos defensores de DDHH.

“A más de dos años de su asesinato de Castro, hay 27 personas que están siendo investigadas por la fiscal Jorgelina Gutiez sin ningún avance. El personal del CPA que atendió a Ezequiel es el mismo que, posteriormente, atendió a Matías Mariño, joven que ahora se encuentra en estado vegetativo debido a las torturas recibidas. Denunciamos el accionar ineficaz de la primera fiscal, Silvana Fernández, quien no separó de sus cargos a los involucrados lo que hubiera evitado el caso de Matías”, difundió la citada fuente.

Julieta Amaya (tenía 27 años) falleció en el Hospital Neuropsiquiátrico en el que era paciente el 9 de julio del 2022, es necesario tener en cuenta que estaba esposada y con custodia policial. Cabe recordar que Dolores Sepúlveda murió en el Neuropsiquiátrico también el 7 de noviembre del 2023, otro caso impune hasta hoy. En el Neuropsiquiatrico hay denuncias de pacientes violadas, y torturas mediante picanas eléctricas. Organismos de derechos humanos reclaman justicia.  

Los delitos descriptos en el Neuro de Córdoba tienen antecedentes en la provincia. Sucede que la exdirectora del hospital psiquiátrico de Oliva, Sandra Cecilia Baggini, fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitada por seis años para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación por administración fraudulenta reiterada.

Por los casos de Ezequiel Castro y Matías Mariño deben dar cuenta el Estado provincial. Además, a las víctimas en las que están involucrado el Centro Psicoasistencial hay que sumar las muertes de personas en situación de encierro, en la provincia de Córdoba. Entre ellas podemos mencionar a Kevin Godoy, quien falleció en octubre del 2024, en Río Cuarto, en tanto que Matías Ramos murió el pasado 5 de enero en la cárcel de San Francisco; mientras que Hugo Méndez, perdió la vida el pasado 12 de febrero en la cárcel de Villa María.

Sobre el caso de Méndez hay que decir que la víctima había denunciado al servicio penitenciario, lo que le trajo como consecuencia un traslado, sin consentimiento, de Bouwer a la unidad de Villa María. La versión del servicio penitenciario es que supuestamente la víctima se habría suicidado, familiares rechazan la hipótesis mencionada y exigen justicia.

Las torturas, y muertes de personas en situación de encierro dan cuenta de violaciones dederechos humanos, que sin duda son una expresión de un cuadro de descomposición, por la que debe dar cuenta el Estado provincial.

Se calcula que en el último tiempo hubo alrededor de 20 muertes de personas en contexto de encierro. Denunciamos que el Estado y los sucesivos gobiernos son responsables directos de las muertes, las torturas y la violación sistemática de los derechos humanos más elementales. Exigimos justicia, verdad, en esa perspectiva María Pía Guidetti debe dar cuenta de la responsabilidad que le cabe. Sera justicia.

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