En una nueva jornada del Juicio Oral que se sigue contra César Arakaki y Daniel Ruiz, declararon tres funcionarios de la Defensoría de la Nación donde explicaron la función que llevaron adelante en la manifestación del 18 de diciembre de 2017 en repudio a la reforma de la ley previsional que asestó un golpe confiscatorio contra los jubilados.

Los funcionarios dijeron que la tarea para la que fueron convocados era observar la cantidad de personal policial, su agrupamiento y disposición y la portación y utilización de armas de fuego.  Ello se debe a que, días antes, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, prohibió el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad  a cargo el operativo frente al Congreso Nacional. 

Especificaron que debían dar cuenta de cualquier acción violenta de la Policía sin una razón aparente. 

Cuando fueron preguntados expresamente por la defensa de Arakaki, revelaron que habían presenciado en varias oportunidades durante la jornada la acción represiva de la policía en forma injustificada contra manifestantes que desesperadamente intentaban alejarse del lugar.  Marcando que, entre esas personas, pudieron ver heridos e incluso madres con niños que se vieron afectados por los gases. Algunos de ellos, a pesar de encontrarse alejados del centro de la plaza, sufrieron también lo efectos de los gases. Dieron cuenta también los disparos de armas de bala de goma y estruendos y el accionar peligroso de los hidrantes. 

Esta situación indica que el accionar policial respondía no a una agresión de manifestantes si no a la necesidad política de echar a los cientos de miles de manifestantes que protestaban contra una ley que avasalla los derechos de los trabajadores.