CABA

Gabriel Solano presidirá la Comisión de Violencia Institucional de la Legislatura

Los desafíos de un tema relevante en un contexto represivo.

Gabriel Solano.

El miércoles pasado volvió a constituirse, en la Legislatura de CABA, la “Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional”. La misma será presidida por el legislador del PO-FIT Gabriel Solano, con Alejandrina Barry (PTS) en la vicepresidencia primera y Graciana Peñafort (Unión por la Patria) en la vicepresidencia segunda. Como integrantes de la comisión se hicieron presentes en el acto inaugural también Pablo Donati (Frente Liberal Republicano), Gimena Villafruela (Vamos por Más) y Yamil Santoro (Republicanos Unidos).

La conformación del espacio dio lugar a un debate más que interesante sobre la temática que, más allá de las grandes diferencias entre las posturas, se dio de forma cordial. Solano comenzó planteando que su visión de la comisión pasaba por el rol que tiene que jugar la misma en el marco de una avanzada represiva del gobierno de Milei y de Jorge Macri. La línea nacional de criminalización de la protesta social trae consigo la iniciativa de la Ley de Reiterancia, que agudiza las penas de varios delitos y contra la movilización. El “modelo Mendoza”, en el que se ataca a activistas del movimiento piquetero y de todo el movimiento popular, es el que quiere Jorge Macri. El Jefe de Gobierno ya mandó su propia Ley de Reiterancia que, según sus dichos, comenzaría a tratarse en breve.

Villafruela planteó que la comisión debería “hacer convivir” el derecho a la protesta con el de circulación, algo que en general sirve para justificar el disciplinamiento de las luchas sociales y su criminalización. Peñafort mostró su preocupación por la política represiva de Milei y los sucesivos apresamientos ante cada movilización, aunque no quiso responder los planteos de Barry y Solano sobre el accionar policial bajo el gobierno de Kicillof, en particular bajo la gestión de Berni en el Ministerio de Seguridad provincial.

La nota más reaccionaria del debate posiblemente la dio Yamil Santoro, que de entrada no solo se mostró a favor de la Ley de Reiterancia sino que expresó que la comisión se tiene que dedicar a indagar sobre los “excesos” del accionar de los policías, que está “obligados” a intervenir. Las represiones serían buenas, salvo cuando la policía “se sale de la raya”. Estaría mal protestar y bien pegar, una versión 2.0 de la frase de Milei: “Los de azul son los buenos y los otros son los malos”. A su vez, trajo la propuesta, amparada según él en la Ley de Capitales Alternas sancionada bajo el gobierno de Alberto Fernández, para que el edificio del Ministerio de Desarrollo Social se traslade a otro lugar que no sea la Capital Federal. Este último planteo no dio lugar a mayores debates.

Los desafíos de la Comisión, según Solano, pasan por ciertos puntos. Uno por constituir, en el corto plazo, un ámbito de deliberación sobre la Ley de Reiterancia, sobre la que se postuló, lógicamente, tajantemente en contra. Desde las diferentes posturas, el resto planteó un interés en participar.

A su vez, la comisión trabajará, en primera instancia, sobre la violencia estatal en materia de salud mental en la Ciudad y sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en los diferentes barrios de la misma, atravesados por las zonas liberadas, el gatillo fácil, los vínculos de la policía con las mafias, etc.

Desde este lugar, la bancada del PO-FITU dará pelea contra el gobierno de Macri y la represión.

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