El pasado martes 9 de abril, la sala de la Cámara del Crimen 9° dictó sentencia en el caso de gatillo fácil de Rodrigo Sánchez. La condena es de 3 años de prisión en suspenso por “homicidio en exceso en el cumplimiento del deber”. Es decir que el policía quedará en libertad. El juicio fue arrancado por la lucha de 9 años por parte de la familia y por organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas.

Mediante la movilización y acción independiente, encabezada por familiares, se derrotó el intento de la fiscal Gutiez de cerrar la causa. Gabriela (madre de Rodrigo) llegó a encadenarse a tribunales II para que vuelvan a investigar al policía responsable: Lucas Gastón Carranza. La Justicia sacó un fallo en función de lo que había pedido la fiscal, Laura Battistelli. Pero la lucha de la familia fue formidable y eso es digno de reconocer.

Al momento de su muerte, Rodrigo tenía 17 años. Lucas Carranza le disparó por la espalda con su arma reglamentaria. No hubo “enfrentamiento”, nunca pudo tratarse de una legítima defensa. Sin embargo, la defensa quiso construir un supuesto tiroteo (típico en los casos de gatillo fácil), pero se demostró lo contrario. Además, el policía se encontraba drogado (con cocaína) y alcoholizado. Tiempo después de matar a Rodrigo, el uniformado fue autor de un robo en un shopping.

La sentencia da cuenta que el poder judicial se negó a condenar a los 12 años de prisión solicitados por la querella, pero hizo lugar a lo propuesto por la Fiscalía, una vergüenza. La Justicia es cómplice de un aparato policial descompuesto, responsable de las muertes de los jóvenes por gatillo fácil. Eso demostró la sentencia de la cámara 9°.

En el último periodo se expandieron los casos de gatillo fácil en Córdoba y en todo el país. La política represiva de Javier Milei y Martin Llaryora no resuelve la inseguridad, solo empodera a las fuerzas de seguridad para avanzar contra quienes protesten y los sectores más vulnerados. Por otro lado, continúan los casos de estas características, de abusos, represión y asesinatos por parte de la policía y el servicio penitenciario. Es la política de criminalización de la pobreza y la protesta la que profundiza esta tendencia.

En la última audiencia del juicio, las fuerzas de seguridad del lugar golpearon a familiares y periodistas que estaban cubriendo el hecho. Tanto la Justicia como la policía reproducen una realidad que ataca las condiciones de vida de los jóvenes de los barrios populares y los discrimina. Luego, persigue a sus familias, como pasa actualmente con la familia de Elías Moreno y como pasó con la familia de Joaquín Paredes.

Abrazamos a familiares, y amigxs de Rodrigo, en estas horas de bronca junto a ellxs decimos ¡Rodrigo Sánchez presente! Seguiremos luchando ¡gatillo fácil nunca más!

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