El viernes 9 de febrero culminó el juicio por el caso de gatillo fácil que se cobró la vida de Aníbal Abel Álvarez en marzo de 2013. El sargento de la policía provincial Carlos Alberto Reyna fue condenado a 13 años de prisión.

Aníbal, de 28 años, fue atacado por el sargento Reyna cuando volvía de festejar el carnaval junto a sus amigos en Ranchillos, localidad del interior de la provincia. El auto en el que se viajaban los jóvenes fue interceptado en la ruta por la camioneta particular de Reyna, quien sin mediar palabras comenzó a golpear a un amigo de Aníbal. Cuando éste quiso interceder, recibió el disparo mortal. El policía, que no se encontraba prestando servicios, usó su arma reglamentaria y huyó de la escena.

La condena es, sin duda, un logro de los familiares de Aníbal, quienes salieron a la lucha desde el primer momento, organizándose con la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. Sin embargo, el tribunal condenó al policía por homicidio simple, a pesar de la pertenencia de Reyna a la institución policial, del hecho de que usara su arma reglamentaria y que se valiera de su envestidura para detener el auto donde viajaban Aníbal y sus amigos y, finalmente, cometer el crimen. La pena que hubiera correspondido era la de homicidio calificado, por haber sido cometido por personal policial. 

El fallo legitima que los efectivos fuera de servicio puedan atacar frente a conductas o actitudes que ellos consideren sospechosas o peligrosas. Lo demuestra el caso de Chocobar. Un informe del CELS, ya en 2017, destacaba que “la tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”.

Se trata, en ese sentido, de un fallo a la medida del llamado “cambio de doctrina” que planteó Macri y Bullrich y que da piedra libre a las fuerzas de seguridad.

El camino para enfrentar el gatillo fácil y desnudar el carácter de la policía -partícipe necesaria del delito- es la organización y lucha, como lo hicieron los familiares de Aníbal.