La noche del pasado sábado 3 de febrero, la ciudad de Vicente López, más específicamente una casa de la calle San Martín, fue el escenario de un nuevo caso de impunidad. El exrepresor sanjuanino, Jorge Olivera, festejó sus cincuenta años de matrimonio con Marta Ravasi con la presencia de 60 invitados, incluidos el artista y exgobernador de Tucumán, Ramón “Palito” Ortega, y Cecilia Pando, militante por la liberación de los genocidas, socia en la causa con la actual vicepresidenta facho-libertaria, Victoria Villarruel. Esto, mientras se encuentra en prisión domiciliaria.

Olivera tiene una larga trayectoria en cometer vejámenes contra el pueblo trabajador; supera el medio siglo de historia. En el ’75, pleno gobierno de Isabel Perón (Triple A), participa del Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán, que estuvo al mando de Antonio Bussi. Entre 1976 y 1977 integró la oficina de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (La Marquesina). Sobrevivientes de la dictadura lo identificaron como secuestrador y torturador. También fue integrante de un grupo de tareas en la última dictadura cívico-militar. Inclusive, al poseer el título de orientador vocacional y al haber estudiado psicología, se paseaba por la Universidad de San Juan, infiltrándose y marcando a docentes, no docentes, estudiantes, activistas y militantes, que posteriormente eran “chupados”.

En su oscuro curriculum también se observa que, desde su lugar como abogado, integró el equipo de defensa del exjerarca nazi, Erich Priebke (oficial central de seguridad del Reich de las SS). Más tarde, bajo la democracia, participará de los levantamientos carapintadas junto a Aldo Rico, con los cuales los milicos le arrancaron a Raúl Alfonsín las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Posteriormente fueron derogadas (como también fueron cancelados los indultos de Carlos Menem), gracias a la movilización popular,

En 2008 fue capturado, llevado al banquillo y condenado tres veces a prisión perpetua. Luego de las sentencias, su esposa, con cargo de psicóloga en las FF.AA., gestiona en la Justicia visitas al Hospital Militar Central, donde nuevamente el genocida se fuga.

En 2017, es capturado otra vez. Cuatro años después, la Cámara de Casación, alegando “cuestiones humanitarias” , le otorga prisión domiciliaria. Pese a que intentó volver a fugarse, utilizando certificados médicos truchos, el Tribunal le mantuvo la modalidad de detención.

Se aproxima un nuevo 24 de marzo. A casi 48 años del golpe, es fundamental ganar las calles por el juicio y castigo a todos los responsables de la dictadura. Por la cárcel común y efectiva. Por la inmediata apertura de los archivos. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Más cuando tenemos un gobierno compuesto por negacionistas y defensores de la dictadura, como el presidente Milei y su vice Villarruel.

Fue genocidio. Son 30 mil.

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